Yeni Berenice sobre el caso Jet Set: buscan retrasar responsabilidades

Ministerio Público enfrenta maniobras legales mientras víctimas reclaman respuestas judiciales rápidas y transparentes

A un año de la tragedia del Jet Set, el discurso oficial del Ministerio Público ha dado un giro hacia la firmeza institucional. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha colocado el foco no solo en la magnitud del desastre —236 fallecidos y más de 100 heridos—, sino en la urgencia de evitar que el proceso judicial se diluya entre maniobras procesales que, a su juicio, buscan retrasar lo inevitable: la determinación de responsabilidades.

La funcionaria fue categórica al señalar que la sociedad dominicana no puede permitirse que un caso de tal dimensión quede atrapado en tecnicismos legales. Enfatizó que las víctimas, sus familiares y el país entero tienen derecho a una justicia oportuna, recordando que el sistema judicial no solo debe garantizar el debido proceso a los imputados, sino también proteger el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la celeridad procesal.

Evidencias técnicas apuntan a negligencia estructural comprobada

El núcleo del expediente presentado por el Ministerio Público descansa en pruebas que, según Reynoso, son contundentes. La acusación sostiene que los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, tenían conocimiento previo de las fallas estructurales del techo. Más aún, se afirma que existieron señales claras de deterioro que fueron ignoradas deliberadamente.

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Uno de los elementos más reveladores es la existencia de conversaciones entre los acusados que evidenciarían que, incluso el mismo día de la tragedia, había conciencia del riesgo inminente. De acuerdo con la procuradora, la tragedia pudo evitarse si se hubiera tomado la decisión de suspender la actividad y evacuar el lugar al menos 49 minutos antes del colapso.

Este punto refuerza la tesis de que no se trató de un evento fortuito, sino de una catástrofe previsible y evitable, agravada por la sobrecarga del techo, el cual no estaba diseñado para el uso que finalmente se le dio.

Defensa insiste en estrategias dilatorias sin sustento técnico

En contraste, la defensa ha solicitado un contraperitaje que ha sido duramente criticado por el Ministerio Público. Reynoso calificó esta solicitud como innecesaria, improcedente y carente de fundamento técnico, señalando que se trata de una maniobra dilatoria que desvía la atención del problema central.

La hipótesis de un supuesto explosivo, planteada por la defensa, fue desestimada por la procuradora, quien la calificó como un intento de introducir confusión en un expediente que ya contiene pruebas sólidas sobre fallas estructurales. 

Asimismo, cuestionó la pertinencia de estudios adicionales como análisis de carbonatación del concreto o evaluaciones geofísicas profundas, argumentando que estos no alteran la causa principal del colapso.

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Según explicó, la ingeniería forense es clara: cuando existen signos visibles de deterioro progresivo, la responsabilidad recae en la falta de acciones correctivas inmediatas. En ese sentido, insistió en que prolongar el proceso con pruebas irrelevantes constituye una vulneración directa al derecho de las víctimas.

Más allá del debate técnico, Reynoso también cuestionó la coherencia de los imputados, quienes han expresado públicamente su pesar por la tragedia, pero —según dijo— actúan en los tribunales de manera contradictoria al promover retrasos.

El Ministerio Público, aseguró, se mantendrá vigilante frente a cualquier intento de distorsionar los hechos con teorías alejadas de la realidad científica. La meta, subrayó, es garantizar que este caso no se convierta en otro ejemplo de impunidad, sino en un precedente de justicia efectiva.

En un país donde la confianza en el sistema judicial ha sido históricamente frágil, el desenlace de este proceso podría marcar un punto de inflexión. La presión social crece, y con ella, la exigencia de que la justicia no solo llegue, sino que lo haga a tiempo.