Cuba indultará a dos mil presos por Semana Santa
El Gobierno cubano liberará a reclusos bajo criterios de conducta y salud
En un movimiento que mezcla la tradición religiosa con la política penitenciaria, el Gobierno de Cuba ha anunciado el indulto de 2.000 sancionados. Esta medida, enmarcada en las celebraciones de la Semana Santa, representa la segunda liberación masiva en lo que va de 2026. Según la Presidencia, el proceso se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución, calificando la acción como un “gesto humanitario y soberano”.
Criterios de selección rigurosos
La Administración caribeña subrayó que la lista de beneficiarios no es azarosa, sino fruto de un “análisis cuidadoso”. Para acceder a la libertad, los reclusos debieron demostrar una conducta impecable y haber extinguido una parte considerable de su condena.
Entre los indultados figuran perfiles vulnerables como mujeres, jóvenes y adultos mayores de 60 años, además de extranjeros y cubanos residentes en el exterior.
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Sin embargo, el perdón tiene límites estrictos. El Ejecutivo fue enfático al excluir a quienes cometieron delitos de alta gravedad. Los responsables de agresión sexual, asesinato, narcotráfico o robo con violencia no forman parte del beneficio.
Tampoco se incluyeron a los reincidentes ni a aquellos que atentaron contra la autoridad, blindando así la percepción de seguridad ciudadana ante la opinión pública.
Contrastes en la realidad
Este anuncio no solo marca un hito administrativo, sino que también pone de relieve las tensiones estadísticas en la isla. Con este grupo, ya son más de 11.000 personas beneficiadas por indultos desde el año 2011.
No obstante, mientras el Gobierno celebra esta apertura, organismos internacionales mantienen la lupa sobre el sistema judicial cubano.
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La ONG Prisoners Defenders reportó recientemente que la cifra de presos políticos ascendió a 1.211 tras las detenciones de febrero. Este contraste genera un debate sobre si estas medidas de gracia alcanzan a quienes están tras las rejas por motivos ideológicos o si se limitan exclusivamente a la población penal común.
Por ahora, la medida se consolida como una estrategia de descompresión penitenciaria en un momento de alta sensibilidad social y religiosa.
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