Gobierno ordena ahorro energético en sector público

Instituciones deberán aplicar controles y reportar consumo eléctrico

SANTO DOMINGO. En medio de la volatilidad que sacude los mercados energéticos a nivel global, el Ministerio de Energía y Minas decidió apretar el paso en casa. La institución emitió la resolución R-MEM-ADM-019-2026, una disposición que obliga a todas las entidades públicas a reforzar de inmediato sus políticas de ahorro y uso eficiente de la electricidad.

La medida, anunciada por el ministro Joel Santos, no se queda en recomendaciones. Establece reglas claras, medibles y con seguimiento. El objetivo: reducir el gasto innecesario en el aparato estatal y evitar presiones adicionales sobre el sistema eléctrico nacional en un contexto internacional incierto.

Entre los puntos más visibles está el control de la climatización. Los aires acondicionados no podrán fijarse por debajo de 22 grados Celsius y deberán apagarse al finalizar la jornada laboral, a partir de las 5:00 de la tarde. A esto se suma la obligación de realizar mantenimientos preventivos de forma periódica, una práctica que muchas oficinas han descuidado durante años.

Pero el enfoque va más allá. La resolución apunta directamente al llamado “consumo vampiro”, ese gasto silencioso que generan los equipos conectados aunque no estén en uso. Impresoras, microondas, televisores y otros aparatos deberán ser desconectados físicamente durante fines de semana y días feriados.

En el día a día, también habrá cambios visibles. Se ordena apagar las luces en áreas desocupadas y se limita el uso de ascensores a partir del tercer nivel, en un intento de fomentar el uso de escaleras y reducir la demanda energética en edificios públicos.

Otro aspecto clave es la reorganización de las tareas internas. Las instituciones tendrán que planificar sus actividades de mayor consumo fuera del horario de mayor demanda eléctrica, comprendido entre las 6:00 de la tarde y las 11:00 de la noche. Con esto se busca aliviar la carga sobre la red en los momentos más críticos.

La normativa también toca el uso del agua, un elemento que muchas veces se pasa por alto en el debate energético. Se exigirá la instalación de sensores y controles automáticos en sistemas de bombeo, así como la reparación inmediata de fugas para evitar pérdidas que terminan traduciéndose en mayor consumo eléctrico.

El cumplimiento no será opcional. El Ministerio, a través del Viceministerio de Innovación y Transición Energética, se encargará de supervisar la aplicación de estas medidas. Cada institución deberá presentar informes trimestrales detallando qué acciones ha tomado y qué resultados ha logrado, especialmente en la reducción del consumo en modo de espera.

Con esta resolución, el Gobierno envía una señal clara: el ahorro energético deja de ser un discurso y pasa a convertirse en una obligación concreta dentro del Estado. Entérese más en la página web de Energía y Minas.