Libertad de prensa en América Latina toca mínimo histórico
Ocho naciones presentan restricciones graves para el ejercicio periodístico
El panorama para la libertad de expresión en el continente americano ha alcanzado su punto más crítico en seis años. Según el Índice Chapultepec 2025, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el promedio regional se desplomó hasta los 47.10 puntos, reflejando un entorno hostil donde la violencia, la impunidad y la estigmatización desde el poder político son la norma y no la excepción.
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Democracias bajo asedio institucional
Ocho países de la región han caído en la alarmante categoría de "Alta Restricción". Naciones como México, Ecuador y Honduras enfrentan una crisis de seguridad donde los homicidios de periodistas y la falta de protección efectiva consolidan escenarios de extremo peligro.
En México, la impunidad estructural sigue siendo el principal verdugo de la verdad, mientras que en Ecuador, el auge de la inseguridad generalizada ha maniatado la labor informativa.
Por otro lado, países como Perú y El Salvador muestran retrocesos vinculados a la inestabilidad política y el uso de estados de excepción para silenciar voces críticas.
El informe advierte que el acoso legal y la limitación al acceso a la información pública se han convertido en herramientas sistemáticas para asfixiar a la prensa independiente en contextos electorales o de polarización social.
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Silencio forzado y censura
La situación es aún más lúgubre en el bloque conformado por Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la libertad de prensa es prácticamente inexistente. En estas naciones, el control estatal absoluto y la persecución judicial han forzado al desplazamiento de comunicadores y al cierre de medios.
El caso de Haití, sumido en una violencia extrema, completa este cuadro de desolación informativa donde sobrevivir es el mayor desafío.
La SIP, con sede en Miami, hace un llamado urgente a las instituciones internacionales. La estigmatización desde el poder no solo afecta a los periodistas, sino que debilita el derecho de la sociedad a estar informada, socavando los pilares fundamentales de cualquier sistema que aspire a llamarse democrático.
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