Fiscalía busca elevar condena contra Wander Franco

Nuevo juicio por abuso inicia en mayo con petición de 5 años

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público apuesta a un giro en el caso judicial contra Wander Samuel Franco Aybar. Los fiscales confían en que, en el nuevo juicio pautado para mayo, los jueces impondrán una pena más severa por los hechos de abuso psicológico y sexual contra una adolescente.

La acusación no es nueva, pero el proceso entra ahora en una fase decisiva. En primera instancia, el pelotero fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la pena, una decisión que generó cuestionamientos dentro del propio órgano acusador. En esta nueva etapa, la Fiscalía solicita cinco años de prisión de cumplimiento efectivo en un centro penitenciario.

El caso se conoce en el distrito judicial de Puerto Plata, donde un tribunal colegiado especial fue designado para este nuevo juicio. La audiencia prevista para este lunes 30 de marzo no pudo avanzar. Fue aplazada luego de que la madre de la víctima —también imputada— presentara una licencia médica por motivos de salud.

Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán aseguran que están preparados para sostener la acusación con pruebas que, a su juicio, reflejan la gravedad de los hechos. La estrategia del Ministerio Público apunta a desmontar la proporcionalidad de la primera sentencia y lograr una condena acorde con el daño causado.

El calendario judicial ya está definido. Las audiencias fueron fijadas entre el 14 y el 25 de mayo de 2026, en varias jornadas que se anticipan extensas. Será en ese período cuando el tribunal evalúe nuevamente testimonios, peritajes y elementos documentales.

Este nuevo juicio fue ordenado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, tras acoger recursos presentados por las partes, incluido el del Ministerio Público. La decisión implicó dejar sin efecto la sentencia emitida en junio de 2025 y abrir la puerta a una revisión integral del caso.

En el fallo original, Franco Aybar fue hallado culpable de violar disposiciones del artículo 396 de la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Aunque se le impuso una pena de dos años, el tribunal dispuso su suspensión bajo condiciones específicas, como la prohibición de acercarse a menores con fines sexuales.

El proceso también involucra a la madre de la víctima, cuya situación judicial es más grave. En primera instancia fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos. La sentencia incluyó además multas económicas y el decomiso de bienes, entre ellos propiedades, dinero en efectivo y cuentas bancarias.

La revisión del caso no solo reabre el debate sobre la responsabilidad penal del imputado principal, sino que también pone en el centro la respuesta del sistema judicial ante delitos de esta naturaleza. Para el Ministerio Público, el nuevo juicio representa una oportunidad de corregir lo que consideran una sanción insuficiente.

En mayo, cuando el tribunal retome el proceso, el expediente volverá a ponerse bajo la lupa. Esta vez, con una expectativa clara: que la justicia se pronuncie con mayor rigor.