Coalición internacional, incluida RD, exige libre tránsito en Ormuz

Veintisiete países respaldan declaración diplomática para evitar escalada militar en Golfo Pérsico

La creciente tensión en el Golfo Pérsico continúa movilizando a la comunidad internacional. Un grupo ampliado de 27 países, incluida República Dominicana, decidió sumarse a la declaración promovida inicialmente por varias potencias occidentales para exigir la apertura y seguridad del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta para el transporte mundial de energía.

El documento, publicado originalmente el 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, expresa la disposición de los Estados firmantes de contribuir a esfuerzos diplomáticos y logísticos que permitan garantizar el tránsito seguro de buques comerciales por esta vía marítima clave que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico.

A diferencia de algunas propuestas más agresivas planteadas desde Washington, la declaración no contempla el despliegue de fuerzas militares internacionales para abrir el paso por la fuerza, una opción que ha sido considerada por analistas como potencialmente explosiva en un escenario regional ya marcado por la confrontación entre potencias.

Escalada en el Golfo

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión geopolítica del planeta desde que el conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán intensificó la confrontación regional a finales de febrero.

En el comunicado conjunto, los países firmantes condenan enérgicamente los ataques atribuidos a Irán contra buques comerciales desarmados que transitaban por el Golfo, así como los bombardeos contra instalaciones vinculadas a la producción y transporte de petróleo y gas.

Las naciones participantes también denunciaron lo que describen como un “cierre de facto” del estrecho de Ormuz, resultado de la presencia militar iraní y de diversas acciones hostiles que han afectado el tránsito marítimo.

Entre esas acciones se mencionan ataques con drones, lanzamiento de misiles y la colocación de minas marítimas, elementos que han elevado el riesgo para las embarcaciones civiles y que han generado preocupación entre los principales importadores de energía a nivel global.

En ese contexto, los países firmantes subrayan su disposición a participar en iniciativas de planificación preparatoria destinadas a garantizar la seguridad del transporte marítimo en la zona, sin precisar aún la naturaleza exacta de las medidas que podrían adoptarse.

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Impacto global creciente

A la declaración original se sumaron este domingo Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro y Albania, ampliando así el respaldo diplomático a la iniciativa.

Los gobiernos participantes advierten que cualquier interrupción prolongada en el flujo comercial a través del estrecho de Ormuz podría desencadenar efectos económicos globales, especialmente en los mercados energéticos y en las cadenas de suministro internacionales.

Se estima que aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo atraviesa diariamente este corredor marítimo, lo que lo convierte en un punto crítico para la estabilidad económica internacional.

Por ello, los países firmantes enfatizan que la libertad de navegación constituye un principio fundamental del derecho internacional, cuyo respeto es indispensable para mantener el funcionamiento del comercio global.

El documento advierte además que los efectos de una eventual interrupción del tránsito marítimo impactarían con mayor dureza a los países más vulnerables, particularmente aquellos altamente dependientes de las importaciones de combustibles.

Las naciones participantes también expresaron su profunda preocupación por la escalada militar en la región, instando a Irán a cesar inmediatamente las acciones que amenazan la seguridad de las rutas marítimas internacionales.

Entre esas acciones se incluyen amenazas de bloqueo del estrecho, ataques contra embarcaciones civiles y sabotajes a infraestructuras energéticas, elementos que, según el comunicado, representan un riesgo directo para la estabilidad global.

Además, los firmantes reiteraron su llamado a establecer una moratoria inmediata y completa sobre los ataques contra infraestructuras civiles, incluyendo instalaciones petroleras y gasíferas, que desempeñan un papel crucial en el abastecimiento energético mundial.

Para los países participantes, la protección de estas infraestructuras no solo es una cuestión económica, sino también un elemento central para la seguridad internacional.

El estrecho de Ormuz ha sido históricamente un punto de fricción entre potencias regionales y globales, pero la actual crisis ha reavivado temores sobre la posibilidad de un conflicto de mayor escala que involucre a múltiples actores internacionales.

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La importancia estratégica de esta ruta marítima radica en que conecta los principales productores de petróleo del Golfo —entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán— con los mercados energéticos de Asia, Europa y América.

En consecuencia, cualquier perturbación en este corredor marítimo puede traducirse rápidamente en aumentos del precio del petróleo, tensiones en los mercados financieros y presiones inflacionarias en diversas economías.

Por ahora, la estrategia de la coalición se centra en la presión diplomática y la coordinación internacional, con el objetivo de preservar la seguridad del comercio marítimo sin agravar la confrontación.

La evolución de la crisis en el Golfo Pérsico seguirá siendo observada con atención por gobiernos, mercados financieros y organismos internacionales, conscientes de que la estabilidad de esta estrecha franja marítima tiene implicaciones directas para la economía global.

Mientras tanto, la declaración conjunta reafirma un mensaje central: la seguridad marítima y la libertad de navegación no son intereses exclusivos de una región, sino bienes globales cuya protección concierne a toda la comunidad internacional.