Demanda millonaria sacude al Ministerio de Deportes

Empresa reclama pago pendiente por obras vinculadas a Juegos Panamericanos 2003

Una nueva controversia judicial coloca bajo presión al Ministerio de Deportes de la República Dominicana. El Consorcio Jantesa Casalca Disconsa presentó una demanda por daños y perjuicios contra el ministro de Deportes, Kevin Cruz, a quien acusa de desacatar una sentencia definitiva que ordena el pago de una deuda relacionada con obras ejecutadas para los Juegos Panamericanos de 2003.

La acción legal fue interpuesta ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde la empresa solicitó que el funcionario sea condenado al pago de 30 millones de pesos como compensación por los perjuicios ocasionados por el presunto incumplimiento.

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Sentencia aún incumplida

El conflicto se origina en la sentencia número 0030-1643-2023 SSEN-00934, emitida el 31 de octubre de 2023 por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo. En esa decisión, el tribunal ordenó al Ministerio de Deportes pagar US$1,367,515.38, más un interés compensatorio del 1.5 % mensual, por trabajos realizados en infraestructuras deportivas construidas o remodeladas para los XIV Juegos Panamericanos celebrados en el país en 2003.

De acuerdo con los cálculos presentados por los demandantes, el monto actualizado de la deuda habría ascendido a US$2,003,410.01 para enero de 2026. Además, la sentencia también establece una obligación equivalente a 82 millones de pesos por obras ejecutadas en instalaciones como el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, el velódromo, el pabellón de gimnasia y otras áreas deportivas.

La firma demandante sostiene que el ministro fue intimado en tres ocasiones para cumplir con la decisión judicial, pero que no se produjo respuesta alguna.

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Responsabilidad civil alegada

El consorcio, representado por el abogado Zacarías Payano, argumenta que la omisión del funcionario compromete su responsabilidad civil, en virtud de lo establecido en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, que obligan a reparar cualquier daño causado a terceros.

Asimismo, citan el artículo 148 de la Constitución dominicana, que establece que las entidades públicas y sus funcionarios pueden ser responsables solidariamente por daños derivados de actuaciones u omisiones administrativas contrarias a la ley.

Según la demanda, el ministro tenía la posibilidad de ordenar el pago directamente o tramitar la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, tal como establece la Ley 86-11, que regula el cumplimiento de sentencias contra el Estado.

El Consorcio Jantesa Casalca Disconsa sostiene que lleva más de dos décadas reclamando el pago por los trabajos ejecutados durante la preparación de los Juegos Panamericanos. Su representante legal asegura que la empresa solo busca que el Estado dominicano cumpla con sus compromisos, como parte del respeto al principio de seguridad jurídica y a la continuidad institucional.

El caso ahora queda en manos de los tribunales, en un proceso que podría convertirse en una nueva prueba para la responsabilidad administrativa del Estado frente a obligaciones derivadas de proyectos públicos de gran envergadura.