Pimentel: Ley 47-25 redefine reglas de compras públicas

Pimentel destaca controles, eficiencia y valor por dinero

Santo Domingo.– El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la Ley 47-25 marca el inicio de una etapa orientada a fortalecer la transparencia, la eficiencia y la integridad en el manejo de los recursos del Estado. Según explicó, la normativa introduce cambios estructurales que buscan mejorar los procesos de compras y contrataciones públicas, con reglas más claras y mecanismos de supervisión más robustos.

El funcionario abordó los principales aspectos de la legislación durante el tradicional Cóctel de Herrera, organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), un espacio que reunió a representantes del sector público y privado interesados en analizar la evolución del sistema de contrataciones en el país.

Pimentel señaló que la ley refuerza los principios rectores del sistema y amplía el alcance del órgano regulador, al que se le atribuyen 22 funciones dirigidas a supervisar, regular y garantizar el cumplimiento de las normas en las instituciones públicas. En su opinión, este fortalecimiento institucional busca reducir riesgos de discrecionalidad y elevar los estándares de control.

Uno de los cambios más visibles se produce en la conformación de los Comités de Compras y Contrataciones, especialmente en los gobiernos locales. La nueva estructura plantea equipos más reducidos y funcionales, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y hacer más eficientes los procesos administrativos.

Durante la actividad, el presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, resaltó la importancia de promover espacios de diálogo entre el sector público y el privado para analizar los avances y retos del sistema de contrataciones. Consideró que el intercambio de ideas contribuye a fortalecer la institucionalidad y la confianza en la gestión pública.

“El diálogo entre ambos sectores resulta clave para impulsar mejoras en áreas sensibles para el desarrollo nacional, como lo es el sistema de compras públicas”, expresó Viro al dar la bienvenida a los asistentes.

En cuanto a los procesos de adjudicación, Pimentel explicó que la ley incorpora el enfoque de “valor por dinero”, un criterio que busca evaluar no solo el precio más bajo, sino también la calidad, los costos de mantenimiento y la eficiencia a largo plazo de los bienes o servicios contratados. Con este modelo, se pretende garantizar que las decisiones respondan a criterios técnicos y económicos más completos.

La normativa también contempla la posibilidad de modificar contratos por razones de interés público. En situaciones excepcionales derivadas de circunstancias imprevistas, dichas modificaciones podrán alcanzar hasta un 50 % del valor inicial del contrato, siempre dentro de los parámetros establecidos por la ley.

Otro aspecto relevante es la definición de los procedimientos de selección en función de la naturaleza y el monto de la contratación. La licitación pública será obligatoria para obras complejas y para procesos que superen los RD$410,532,283.20. En tanto, la licitación pública abreviada aplicará para bienes y servicios estandarizados a partir de RD$6,259,576.91.

Pimentel agregó que la contratación menor permitirá procesos más ágiles, con plazos que podrán resolverse en un máximo de tres días hábiles. Asimismo, el sorteo de obras continuará siendo un mecanismo permitido, siempre que no supere el umbral establecido para licitaciones públicas.

En materia sancionadora, la ley elimina la inhabilitación permanente del Registro de Proveedores del Estado y propone un enfoque que busca equilibrar la responsabilidad administrativa con las garantías de los servidores públicos, en coherencia con la normativa vigente.

El director de Contrataciones Públicas destacó además que el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas jugará un papel central en la aplicación de la ley, al facilitar la trazabilidad de los procesos y fortalecer los niveles de transparencia.

La legislación también impulsa la modernización de la plataforma Eficompras y contempla la elaboración de reglamentos que permitirán su implementación progresiva. Según Pimentel, estos instrumentos serán clave para asegurar que los cambios previstos en la Ley 47-25 se traduzcan en mayor claridad, eficiencia y confianza en la gestión de los recursos públicos.

La exposición del funcionario se produjo este miércoles 25 de marzo de 2026, en un contexto marcado por el interés de distintos sectores en fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público en la República Dominicana.