Arresto domiciliario sigue a coronel por corrupción

Tribunal ratifica medida por riesgo de fuga en caso Operación Lobo

SANTO DOMINGO.— El proceso judicial contra el coronel Andrés Pacheco Varela sigue su curso sin cambios en su estatus legal. Este jueves, una jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó el arresto domiciliario que pesa sobre el oficial, señalado como parte de una red de corrupción desarticulada mediante la llamada Operación Lobo.

La decisión responde a un pedimento del Ministerio Público, que insiste en que existen elementos suficientes para mantener las restricciones de libertad. En sala, los fiscales sostuvieron que la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga justifican la medida, en un expediente que sigue sumando capítulos.

A la salida de la audiencia, la fiscal Rosa María Pichardo explicó que el tribunal valoró no solo la magnitud de las acusaciones, sino también la posibilidad de que el imputado interfiera en la investigación. “Existe peligro de que entorpezca el proceso”, dijo, en declaraciones breves ante la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El equipo acusador, integrado además por Elizabeth Paredes y Yoneivy González, solicitó mantener la coerción ante la jueza Yanibet Rivas, quien finalmente rechazó el intento de la defensa de variar la medida.

El caso se remonta a la Operación Lobo, una investigación que destapó un entramado de sobornos con ramificaciones en varias instituciones públicas. Según el Ministerio Público, la red operaba mediante pagos ilícitos y maniobras administrativas que afectaron entidades clave del Estado, entre ellas programas sociales y empresas del sector eléctrico.

En medio de la audiencia, también se conoció la solicitud del primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, quien obtuvo autorización del tribunal para un permiso específico, en el marco del mismo expediente.

La lista de implicados es amplia y mezcla perfiles militares, empresariales y civiles. Entre ellos figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como varios coroneles de distintas instituciones castrenses y policiales, además de empresarios vinculados al esquema.

Los cargos que enfrentan incluyen soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. Las imputaciones se sustentan tanto en el Código Penal como en la Ley 155-17 sobre lavado de activos, además de disposiciones constitucionales que prohíben la corrupción administrativa.

Por ahora, el proceso avanza sin variaciones en las medidas contra uno de sus principales acusados, mientras el Ministerio Público continúa armando un caso que promete extenderse en los tribunales.