Pimentel defiende licitación de gomitas del INABIE

Asegura proceso cumplió la ley pese a suspensión y críticas

Santo Domingo. El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, salió este miércoles al frente de las críticas y defendió la legalidad de la licitación impulsada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la compra de gomitas multivitamínicas, un proceso que fue suspendido tras generar cuestionamientos en la opinión pública.

La iniciativa, valorada en unos 151 millones de pesos, buscaba suplir de vitaminas a estudiantes del sistema público como parte de los programas de apoyo nutricional. Sin embargo, la contratación quedó en pausa luego de que surgieran dudas sobre su pertinencia y ejecución.

Pimentel fue enfático: desde el punto de vista técnico y legal, el proceso se llevó a cabo conforme a la normativa vigente. Explicó que cada etapa —desde la convocatoria hasta la evaluación de ofertas— se ajustó a los procedimientos establecidos por la ley de compras públicas, respetando principios como la transparencia y la libre competencia.

“El proceso, en su estructura, no presenta violaciones a la ley”, sostuvo el funcionario, al tiempo que reconoció que la controversia ha colocado la licitación bajo un mayor escrutinio.

El director del órgano rector de las contrataciones públicas insistió en que este tipo de debates deben analizarse con criterios objetivos, alejados de percepciones o presiones externas. A su juicio, corresponde a las instituciones actuar dentro del marco legal y garantizar que cada proceso cumpla con las reglas establecidas.

La suspensión, no obstante, marca un punto de inflexión. Abre la puerta a una revisión más amplia del procedimiento, en medio de una discusión pública que ha puesto el foco en cómo se gestionan las compras destinadas a programas sociales.

Mientras tanto, queda en el aire el futuro de la adquisición de los suplementos, concebidos para reforzar la nutrición estudiantil. Las autoridades deberán decidir si retoman el proceso, lo modifican o lo descartan, en un contexto donde la transparencia y la confianza pública se han vuelto parte central del debate.

Por ahora, la posición oficial es clara: el proceso puede ser cuestionado, pero —según el órgano regulador— no vulneró la ley.