Juventud dominicana bajo la lupa por violencia social

Ocho de cada diez involucrados en conflictos violentos son menores de treintaicinco años

La República Dominicana enfrenta una crisis de convivencia que tiene rostro joven. En su reciente rendición de cuentas, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso lanzó una advertencia que sacude los cimientos de la seguridad ciudadana: el 85 por ciento de las amenazas registradas en el país son cometidas por personas menores de 34 años. 

Estas cifras no solo revelan una alarmante incidencia delictiva en este segmento demográfico, sino que exponen una sociedad que parece haber sustituido el diálogo por la confrontación como mecanismo predilecto para resolver sus diferencias.

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Conflictos ciudadanos superan al crimen organizado

El informe presentado por el Ministerio Público arroja datos que obligan a replantear las estrategias de prevención. Según la magistrada, el 59 por ciento de las muertes violentas en el país no tienen vínculos con el narcotráfico o bandas estructuradas, sino que se originan en disputas sociales entre ciudadanos. 

Dicha realidad se traduce en una cifra "abrumadora" de 73,291 casos de violencia de género e intrafamiliar atendidos en el último año, sumados a más de 25,000 denuncias por amenazas directas que saturan el sistema judicial.

Ante este panorama, Reynoso anunció el lanzamiento de “Vitaria”, una iniciativa estratégica que publicará boletines trimestrales especializados en violencia de género.

El objetivo de la iniciativa es que las políticas públicas dejen de ser reactivas y comiencen a basarse en un análisis de datos riguroso que permita intervenir de manera temprana en los focos de conflicto, especialmente aquellos que involucran a la población joven, donde se concentra la mayor vulnerabilidad y agresividad del sistema actual.

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Independencia forense y tecnología de investigación

Para robustecer la respuesta estatal, la Procuraduría adelantó una transformación profunda en la investigación criminal. Uno de los hitos más esperados es que, antes de finalizar el año, el país alcanzará la independencia científica forense, con la capacidad técnica instalada para procesar todas las pruebas de ADN a nivel nacional. 

Para asegurar la equidad en el acceso a la justicia, se creará un fondo especial que garantice que ningún caso quede estancado por falta de recursos para análisis periciales.

Finalmente, en un paso hacia la transparencia absoluta, la magistrada informó que a partir de abril todos los allanamientos serán grabados con cámaras corporales. 

Esta medida, junto al fortalecimiento de los laboratorios y la digitalización de procesos en conjunto con la Policía Nacional, busca blindar el debido proceso mientras se combate con firmeza el narcotráfico, la trata de personas y la cibercriminalidad en el territorio nacional.