Alburquerque cuestiona designación directa de inspectores laborales

Exvicepresidente advierte que ley exige concurso para nombrar inspectores del Ministerio Trabajo

El jurista y exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, afirmó que el Ministerio de Trabajo no puede nombrar inspectores laborales sin someter a los candidatos a concursos de oposición, tal como establecen la legislación dominicana y compromisos internacionales asumidos por el país.

La aclaración surge luego de una consulta formal realizada por la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo), que solicitó su opinión jurídica sobre la contratación de decenas de personas para desempeñar funciones de inspección sin haber pasado por un proceso competitivo.

En una comunicación dirigida a la entidad, Alburquerque recordó que el artículo 422 del Código de Trabajo establece que los representantes locales y los inspectores auxiliares deben ser abogados, además de contar con estabilidad laboral que los proteja de presiones externas o cambios políticos.

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Normas internacionales respaldan el concurso

El especialista en derecho laboral explicó que el país también está sujeto a lo dispuesto por el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado dominicano en 1953.

Según ese acuerdo, el personal encargado de la inspección laboral debe estar compuesto por funcionarios públicos con estabilidad en el cargo, lo que garantiza independencia frente a cambios de gobierno o influencias indebidas.

El convenio también señala que la selección de los inspectores debe basarse exclusivamente en las aptitudes profesionales de los candidatos, lo que refuerza la necesidad de aplicar concursos para evaluar sus competencias.

Alburquerque recordó que desde 1992 la República Dominicana adoptó el concurso de oposición como mecanismo oficial para seleccionar inspectores de trabajo, precisamente para evitar decisiones discrecionales en su designación.

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Riesgos legales y repercusiones internacionales

El exfuncionario advirtió que cualquier contratación realizada de forma unilateral podría ser impugnada ante los organismos de supervisión de la OIT, lo que expondría al país a observaciones internacionales.

A su juicio, ese tipo de cuestionamientos podría afectar la imagen del Estado dominicano y generar presiones en materia de cumplimiento de normas laborales, especialmente en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

La polémica surgió después de que Asitraredo denunciara que el Ministerio de Administración Pública habría aprobado la contratación de varios inspectores solicitados por el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana sin evaluación previa ni especialización en la materia.

Ante esta situación, el gremio insiste en que el país debe respetar los procedimientos legales establecidos, tanto para garantizar la transparencia en el sistema de inspección laboral como para proteger la credibilidad institucional.