Supuestos estafados por inmobiliaria en Punta Cana decepcionados con el MP
Más de cuarenta víctimas reclaman acción judicial tras años sin avances pesar de múltiples querellas y un allanamiento
Más de 40 ciudadanos dominicanos y extranjeros aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria vinculada al proyecto “West Side Residences Punta Cana”, promovido por la empresa Grupo Paceo, S.R.L.. Los denunciantes afirman que, pese a múltiples acciones legales iniciadas hace más de tres años, el proceso judicial no ha producido imputaciones formales ni medidas de coerción contra los señalados responsables.
Las querellas identifican como principales implicados a Joan Fernando González Contreras, junto a Adela Mota Matos, Ana Miguelina de la Cruz y David Gregorio Negueruela Samaniego, conocido como “El Español”.
De acuerdo con los afectados, el supuesto esquema consistía en ofrecer villas dentro de un proyecto turístico en Punta Cana que, según alegan, nunca llegó a construirse ni contaba con la titularidad legal de los terrenos prometidos.
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Promesas de villas que nunca se construyeron
Los denunciantes sostienen que la empresa captaba inversionistas mediante contratos de opción de compra para viviendas dentro del complejo inmobiliario. Una vez realizado el pago inicial, aseguran que comenzaron a recibir solicitudes de pagos adicionales y propuestas de adendas contractuales que extendían los plazos de construcción.
Con el paso del tiempo, las obras no avanzaban y las respuestas de la empresa se volvieron cada vez más escasas, según relatan los querellantes.
Algunos afectados también señalan que se les pidió firmar documentos de desistimiento de acciones legales a cambio de promesas de devolución del dinero invertido. Sin embargo, afirman que esos reembolsos nunca se materializaron.
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Un conflicto con múltiples demandas judiciales
Las cifras aportadas por las víctimas muestran la dimensión del conflicto. Documentos judiciales citados por los denunciantes indican que entre 2013 y 2024 se registraron 10 querellas penales relacionadas con González Contreras y la empresa Grupo Paceo.
A esto se suman 17 demandas civiles presentadas ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Más recientemente, entre 2024 y 2025, se habrían depositado 14 nuevas querellas con constitución en actor civil ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Las víctimas provienen de República Dominicana, Estados Unidos, México, Chile y Bulgaria.
El 31 de enero de 2025, las autoridades realizaron un allanamiento simultáneo en las oficinas de Grupo Paceo como parte de las investigaciones. Sin embargo, según los denunciantes, hasta ahora no se han anunciado acusaciones formales derivadas de ese procedimiento.
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Víctimas piden mayor celeridad en el caso
Ante la falta de avances visibles, el 3 de marzo de 2026 los querellantes presentaron una intimación formal de desapoderamiento dirigida a distintas autoridades del Ministerio Público.
El documento, identificado como Acto No. 190/2026, solicita que el expediente sea remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), además de una revisión interna sobre la gestión del caso.
El abogado de los afectados, Jean Cristofer Pérez Lebrón, explicó que las víctimas buscan que la investigación avance con mayor rapidez y transparencia.
Entre las medidas solicitadas figuran la imposición de medidas de coerción contra los imputados, el congelamiento de bienes vinculados al caso y la definición de un cronograma procesal claro.
Muchos de los denunciantes aseguran haber invertido ahorros destinados a vivienda o retiro, por lo que esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades conforme a la ley.
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