El Tribunal Constitucional pone punto final al caso Odebrecht
Ratificación definitiva del descargo para los últimos imputados del proceso
En una decisión que marca el cierre de uno de los capítulos judiciales más controvertidos de la última década, el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la sentencia que declara no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Ángel Rondón.
Con este fallo, el órgano extrapoder confirma la decisión previa de la Suprema Corte de Justicia, sepultando las aspiraciones del Ministerio Público de revertir el descargo de los únicos dos condenados que quedaban en el expediente de los sobornos de Odebrecht.
Fallo definitivo confirma la ausencia de pruebas
La ratificación de la sentencia SCJ-SS-24-0969 se produjo durante una sesión del pleno celebrada el pasado 4 de febrero de 2026. Los magistrados del Tribunal Constitucional validaron el criterio de que la acusación formulada por el órgano persecutor no fue probada fehacientemente.
Es importante recordar, reseña Diario Libre, que aunque en primera instancia Rondón y Díaz Rúa recibieron penas de ocho y cinco años de prisión respectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revocó dichas condenas en julio de 2024, argumentando una orfandad probatoria que hoy el TC hace definitiva.
Este veredicto no solo exonera de responsabilidad penal a los implicados, sino que también ordena la entrega inmediata de todos los bienes incautados durante el proceso. Junto a ellos, se ratificó la absolución de Conrado Pittaluga Arzeno, quien ya había sido favorecido por tribunales inferiores, cerrando así el cerco legal sobre un caso que inició con una lista de 14 investigados por el pago de 92 millones de dólares en coimas.
Balance de un proceso judicial histórico
El caso Odebrecht comenzó en 2017 con un despliegue mediático sin precedentes que incluyó la detención de figuras de alto perfil como Juan Temístocles Montás, Tommy Galán y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Sin embargo, con el paso de los años, las acusaciones contra la mayoría de los señalados fueron archivadas o descartadas por falta de méritos.
El proceso, que en su fase de instrucción fue dirigido por el magistrado Francisco Ortega Polanco, terminó diluyéndose en los tribunales de fondo. Al final de la jornada jurídica, la estructura de la acusación no logró sostenerse ante el escrutinio de las altas cortes.
La sentencia del Tribunal Constitucional pone fin a la incertidumbre legal, dejando el caso sin culpables sentenciados en territorio dominicano, a pesar de que la multinacional brasileña admitió en Estados Unidos haber pagado sobornos para obtener contratos estatales en el país.
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