Ministerio Público: argumentos de Jean Alain buscan evitar juicio de fondo

Señala que, durante tres jornadas consecutivas, el tribunal ha escuchado planteamientos que carecen de organización

La magistrada Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó este miércoles como "desordenada" la estrategia empleada por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez. Según la fiscalía, los representantes legales del principal imputado en este entramado de corrupción administrativa persisten en presentar incidentes sin sustento jurídico para evitar el conocimiento del fondo del proceso.

Incidentes procesales y plazos del tribunal

Ortiz señaló que, durante tres jornadas consecutivas, el tribunal ha escuchado planteamientos que carecen de organización, lo que ha impedido que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concreten las pretensiones de las partes. Ante esta situación, las magistradas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo otorgaron un plazo hasta el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde para que los abogados reestructuren su defensa y comparezcan de forma coherente.

La audiencia fue aplazada para el 25 de febrero de 2026, luego de que la defensa del coimputado Alfredo Solano Augusto continuara agotando el tiempo reglamentario con nuevos incidentes. 

El órgano persecutor sostiene que este comportamiento responde al temor de enfrentar las pruebas contundentes presentadas en el expediente, que vinculan a los acusados con delitos de soborno, lavado de activos y estafa contra el Estado dominicano.

Acusaciones por desfalco al erario público

El expediente del Ministerio Público detalla que, entre los años 2016 y 2020, Rodríguez Sánchez presuntamente malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos. 

Junto al exprocurador, figuran otros 14 procesados, entre ellos Jonathan Rodríguez Imbert y Javier Forteza Ibarra, acusados de integrar una red de corrupción administrativa que operó desde la Procuraduría General de la República, afectando directamente los fondos públicos destinados a la justicia.