Denuncia revive fantasmas de tortura en cuartel policial de Moca

CNDH pide investigar abusos que evocan prácticas de la dictadura

Por Nicolás Arroyo Ramos

MOCA, provincia Espaillat.– La denuncia lanzada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), filial Espaillat, ha vuelto a colocar bajo escrutinio público a la cárcel preventiva de la Policía Nacional en Moca, señalada ahora como escenario de prácticas que, según sus denunciantes, recuerdan los peores episodios de represión institucional del país.

La organización solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República abrir una investigación exhaustiva sobre la presunta tortura física y psicológica sufrida por el recluso Roberto Antonio Pichardo Cruceta, conocido como “El Chato”, quien permanece detenido desde el pasado 26 de enero por un conflicto de carácter familiar. De acuerdo con la CNDH, el interno habría sido brutalmente golpeado dentro del recinto policial, en condiciones que califican de “salvajes”.

El abogado y educador Radhamés Mercedes, presidente de la delegación provincial de la CNDH, fue categórico al afirmar que lo ocurrido no es un hecho aislado. Durante una intervención en el programa televisivo Coctel Político, transmitido por Moca Visión, canal 48, sostuvo que las violaciones a los derechos humanos en ese destacamento se repiten desde hace años, sin que las autoridades adopten medidas correctivas efectivas.

Mercedes fue más lejos al comparar la situación del cuartel preventivo con la tristemente célebre cárcel de La 40, símbolo de tortura y persecución durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. “Lo que pasa ahí es peor”, aseguró, al describir un patrón de abusos que, según dijo, ha denunciado en reiteradas ocasiones ante medios locales y nacionales.

Los golpes visibles en glúteos, brazos, piernas, cabeza y otras partes del cuerpo de Pichardo Cruceta son, para el activista, una evidencia difícil de ignorar. A su juicio, las lesiones reflejan un uso desmedido de la fuerza y una cultura institucional que tolera el maltrato como método de control.

La denuncia también saca a la luz otras irregularidades atribuidas al recinto policial de la Dirección Regional Espaillat. Entre ellas figuran supuestas fugas de detenidos, abusos físicos sistemáticos y conductas impropias por parte de agentes responsables de la custodia. La CNDH advierte que estos señalamientos, de confirmarse, revelarían fallas estructurales graves en la supervisión y el respeto al debido proceso.

Más allá del caso individual, el reclamo apunta a un problema mayor: la persistencia de prácticas violatorias de derechos fundamentales en espacios que deberían garantizar seguridad y legalidad. La solicitud de una investigación independiente busca no solo establecer responsabilidades, sino también enviar un mensaje claro de que la tortura no puede tener cabida en un Estado que se proclama democrático y respetuoso de la dignidad humana.