Operación 13: La justicia cierra el polémico sorteo fraudulento

El fallo supremo ratifica las condenas por la operación trece

La balanza de la justicia ha dictado su palabra final en uno de los casos más mediáticos de corrupción administrativa en la República Dominicana. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia puso punto final a las aspiraciones de impunidad de los involucrados en el fraude de la Lotería Nacional, al rechazar de forma definitiva los recursos de casación presentados por los condenados. 

Con esta decisión, el sistema judicial reafirma que las maniobras para manipular el azar en beneficio propio tienen consecuencias legales irrevocables, validando las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El epicentro de esta ratificación recae sobre William Lizandro Rosario Ortiz, quien intentó sin éxito anular su sentencia de cinco años de prisión. Rosario Ortiz fue hallado culpable de violar múltiples artículos del Código Penal, incluyendo delitos graves como el soborno a funcionarios públicos y la asociación de malhechores. 

A pesar de que en instancias anteriores su condena alcanzó los siete años, el máximo tribunal ha dejado firme la pena actual, destruyendo cualquier presunción de inocencia ante la contundencia de los hallazgos.

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Sentencias firmes para los implicados principales

El entramado de la Operación 13 no se limitó a una sola cabeza. Eladio Batista Valerio también recibió la confirmación de su culpabilidad, enfrentando una pena de tres años de reclusión. 

Aunque su cumplimiento es bajo modalidad condicional, la justicia le ha dejado una advertencia severa: cualquier reincidencia o incumplimiento de las reglas impuestas por el juez de ejecución revocará su libertad, obligándolo al cumplimiento íntegro en el Centro Najayo Hombres. 

Este grupo de procesados deberá, además, asumir el pago de las costas penales derivadas de este extenso litigio.

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Castigos diferenciados tras admitir los hechos

El proceso judicial también contempló a quienes decidieron colaborar o aceptar su responsabilidad desde etapas tempranas. Personajes como Valentina Rosario, Jonathan Brea y Carlos Beriguete enfrentan sentencias de cinco años, distribuidas entre prisión efectiva y libertad suspendida. 

Por su parte, Miguel Mejía y Rafael Mesa cumplirán sus penas bajo modalidades que no implican el encierro inmediato, siempre que mantengan una conducta ejemplar.

Esta resolución, marcada bajo el número SCJ-SS-25-1227, representa una victoria para la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Bajo el liderazgo de Wilson Camacho y Mirna Ortiz, el equipo de fiscales logró blindar un expediente que hoy sirve de precedente contra el fraude en las instituciones del Estado.