República Dominicana responde a la CIDH por política migratoria

El Gobierno defiende soberanía y rechaza críticas del organismo regional

El Gobierno dominicano respondió este viernes al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de febrero, en el que el organismo expresa preocupación por las políticas migratorias aplicadas por el país. La posición oficial fue expuesta en un documento extenso, con un tono firme, en el que el Estado reivindica su derecho soberano a regular la migración sin renunciar, asegura, a su compromiso con los derechos humanos.

En su pronunciamiento, República Dominicana subraya que la situación migratoria no puede analizarse de forma aislada ni reducida a decisiones internas. La presión que enfrenta el país, sostiene el Gobierno, es consecuencia directa de la crisis prolongada que atraviesa Haití, marcada por el colapso institucional, la violencia armada y una emergencia humanitaria persistente. Esa realidad, añade, ha generado durante años un flujo migratorio excepcional que ha recaído de manera desproporcionada sobre territorio dominicano.

Las autoridades recuerdan que, por décadas, el país ha asumido esa carga con un enfoque solidario, brindando acceso a servicios básicos en un contexto de limitados recursos. No obstante, insisten en que esa respuesta no puede interpretarse como una obligación ilimitada ni permanente frente a una crisis que excede sus capacidades y su responsabilidad directa.

El documento enfatiza que la regulación del ingreso, permanencia y salida de personas es una atribución legítima del Estado, ejercida dentro del marco constitucional, la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos. El Gobierno rechaza la idea de que sus decisiones sean arbitrarias y recuerda que el propio sistema interamericano reconoce la política migratoria como una expresión esencial de la soberanía.

En ese sentido, cuestiona el llamado de la CIDH a aplicar de manera generalizada el principio de no devolución a todas las personas en situación migratoria irregular. Según el Ejecutivo, aceptar esa interpretación equivaldría, en la práctica, a impedir cualquier control migratorio y a obligar al país a recibir de forma indefinida a ciudadanos de un Estado colapsado, algo que considera inviable.

El texto insiste en que la crisis haitiana requiere una respuesta regional e internacional, no soluciones unilaterales. “No existe una solución dominicana a la crisis haitiana”, señala el comunicado, al tiempo que reafirma la intención del país de seguir impulsando acciones colectivas en foros multilaterales para una respuesta más efectiva y compartida.

En el ámbito sanitario, el Gobierno asegura que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por su estatus migratorio. Los protocolos vigentes, explica, buscan ordenar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, con especial énfasis en la protección de mujeres embarazadas, niños y pacientes con condiciones vulnerables.

Respecto a los centros de procesamiento migratorio, las autoridades afirman que se han realizado mejoras progresivas en infraestructura, higiene y atención médica básica, bajo esquemas de supervisión interna. Además, reiteran una política de “tolerancia cero” frente a cualquier trato inhumano o degradante.

El Gobierno expresa preocupación por lo que considera un enfoque desequilibrado de la CIDH, al priorizar denuncias no verificadas sobre información oficial. Aun así, reafirma su disposición al diálogo técnico y al intercambio transparente de datos, siempre que se tenga en cuenta el contexto regional.

Finalmente, el Ejecutivo sostiene que la defensa del interés nacional y la protección de los derechos humanos no son objetivos opuestos. Regular la migración, concluye, es una condición necesaria para preservar la estabilidad institucional y garantizar derechos dentro del territorio dominicano, manteniendo abiertos los canales de cooperación con el sistema interamericano.