Defensa de Donald Guerrero denuncia informes “fabricados”

Asegura que se usaron para sostener una persecución sin base lega

La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, lanzó este miércoles duras acusaciones contra los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, al afirmar que fueron fabricados al margen de la ley para construir una narrativa falsa y justificar una persecución penal sin sustento real.

Durante su intervención ante el tribunal, los abogados solicitaron la exclusión total de dichos informes y de sus 559 anexos, alegando que se trata de documentos producidos sin base legal, sin permitir contradicción ni participación de los investigados y en abierta violación del derecho de defensa consagrado en el artículo 69 de la Constitución dominicana.

Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, sostuvo que los reportes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a un intento deliberado de crear documentos con el objetivo de legitimar decisiones previamente adoptadas. “No estamos ante informes de auditoría genuinos, sino ante piezas fabricadas para dar apariencia de legalidad a una narrativa que no se corresponde con los hechos”, afirmó.

El jurista explicó que entre los años 2021 y 2024 se realizaron supuestas auditorías sobre expropiaciones del Ministerio de Hacienda, atribuidas a una Unidad Antifraude que, en ese momento, no tenía existencia jurídica. Según la defensa, esos trabajos se llevaron a cabo sin notificación, sin acceso a la información y sin permitir la participación de las personas investigadas, lo que constituye una violación elemental del debido proceso administrativo.

A juicio de Núñez, se trata de una actuación nula desde su origen, utilizada durante más de cuatro años para respaldar decisiones administrativas y judiciales, pese a que se conocía que el órgano que producía los informes no estaba legalmente constituido. Recordó que no fue hasta el 14 de julio de 2025 cuando el Poder Ejecutivo creó formalmente la Unidad Antifraude mediante el Decreto 382-25, es decir, varios años después de que se elaboraran los documentos que hoy sustentan el proceso penal.

La defensa también cuestionó la constitucionalidad de dicho decreto, al sostener que asigna facultades que afectan derechos fundamentales mediante un acto del Poder Ejecutivo, cuando esas atribuciones están reservadas al Poder Legislativo. Núñez señaló que esto vulnera el principio de separación de poderes y la reserva de ley orgánica establecida en la Constitución.

“Cuando primero se fabrican informes y años después se crea el órgano que supuestamente los elaboró, queda claro que no hablamos de errores administrativos, sino de actuaciones ilegales desde su nacimiento”, subrayó.

En cuanto al fondo del caso, la defensa reiteró que demostrará que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan. Explicó que la acusación se apoya en dos tipos de pagos que el Ministerio Público ha presentado como irregulares, pero que en realidad corresponden a obligaciones legales del Estado.

El primero tiene que ver con pagos por expropiaciones realizadas incluso décadas atrás, muchas de ellas ordenadas por sentencias judiciales firmes y tasadas por órganos oficiales. En numerosos casos, los propietarios esperaron años para recibir el pago, lo que desmonta la versión de supuestos “pagos exprés”. “Cumplir sentencias judiciales y saldar deudas históricas no es corrupción”, insistió Núñez.

El segundo corresponde a un pago interinstitucional del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas para desmontar el programa de contratistas. Según la defensa, ese dinero nunca salió del Estado, no fue entregado a particulares y fue registrado como reducción de deuda pública.

“No existe daño al patrimonio estatal, no hubo beneficio personal ni decisión discrecional. Sin daño y sin beneficio, no hay delito”, concluyó el abogado, al asegurar que los propios documentos oficiales y peritajes ordenados por el tribunal demostrarán la inocencia de Donald Guerrero y la transparencia de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.