Caos en el aire termina en prisión para bromista extranjero

Un año de cárcel preventiva para peruano por falsa amenaza de bomba

El sistema de justicia dominicano ha enviado un mensaje de tolerancia cero frente a las acciones que comprometen la seguridad nacional. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó doce meses de prisión preventiva contra el ciudadano peruano Ángel del Pino Cuya, responsable de paralizar el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) tras una llamada que resultó ser un peligroso engaño.

Lo que para el acusado pudo parecer una simple comunicación, escaló hasta convertirse en una crisis logística y de defensa. El pasado 6 de enero de 2026, los protocolos de emergencia se encendieron cuando Del Pino Cuya alertó a Aerodom sobre un supuesto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines. 

En ese instante, la aeronave ya surcaba los cielos con destino a Panamá, obligando a los pilotos a ejecutar un retorno de emergencia bajo una atmósfera de máxima tensión para pasajeros y tripulación.

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Colapso total en la terminal aérea

El impacto de esta falsa alarma no se limitó a un solo avión. La operatividad del AILA se vio severamente fracturada, provocando el desvío de múltiples vuelos hacia terminales alternas y una interrupción que costó miles de dólares en logística aeroportuaria. 

Los fiscales Andrés Mena y Ana Sánchez demostraron ante el tribunal que la conducta del imputado no fue una travesura, sino una interferencia ilícita contra una infraestructura crítica del Estado dominicano.

La captura del sospechoso se produjo en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, donde las autoridades hallaron evidencias digitales vinculadas a la llamada. Este hallazgo fue la pieza final para que la jueza Karen Casado Minyety determinara que el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos justificaban el encierro inmediato del ciudadano extranjero mientras avanza el juicio.

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Duras penas por actos de terrorismo

El panorama legal para Del Pino Cuya es sombrío. El Ministerio Público no ha escatimado en la calificación jurídica, imputándole violaciones a la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y, de manera más severa, a la Ley 267-08 sobre Terrorismo. 

Bajo este marco legal, el acusado podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión, dado que su acción puso en peligro la vida de civiles en una aeronave en pleno vuelo.

Por ahora, el imputado ha sido trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, donde deberá esperar el desarrollo de un proceso que busca sentar un precedente sobre el uso irresponsable de las líneas de emergencia y la seguridad de la aviación civil.