MP pide prisión preventiva para extranjero que provocó falsa alarma en el AILA

El imputado habría alertado sobre un artefacto explosivo en un vuelo de Copa Airlines

El Ministerio Público solicitó la imposición de 12 meses de prisión preventiva contra el ciudadano peruano Ángel del Pino Cuya, acusado de generar una falsa alarma de seguridad aérea que obligó a suspender temporalmente las operaciones del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA). La medida fue presentada ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, como parte de un expediente que las autoridades califican de alta gravedad por su impacto en la seguridad aeroportuaria.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 6 de enero de 2026, cuando el imputado realizó una llamada telefónica a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, que ya se encontraba en el aire rumbo a Panamá con pasajeros y tripulación a bordo. La advertencia activó de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para amenazas de interferencia ilícita.

La aeronave tuvo que retornar a la terminal, donde fue sometida a una inspección exhaustiva. Además, se aplicaron medidas preventivas que provocaron la interrupción temporal de las operaciones y el desvío de varios vuelos hacia otros aeropuertos del país. Más tarde, los organismos de seguridad confirmaron que se trataba de una falsa alarma, pero el impacto operativo ya estaba hecho.

Tras rastrear la llamada y avanzar en las pesquisas, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), localizó y arrestó al imputado en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional. Durante el arresto se ocuparon evidencias vinculadas al caso, las cuales fueron incorporadas al expediente.

Las autoridades resaltaron que este tipo de acciones no solo generan alarma pública, sino que afectan directamente una infraestructura crítica del país y comprometen la seguridad del transporte aéreo. Por esa razón, el caso se maneja bajo criterios de seguridad nacional y con la solicitud de declaratoria de complejidad.

La acusación preliminar incluye violaciones a los artículos 3, inciso 1, letra e; 63 y 78 de la Ley 188-11, que sancionan los actos de interferencia ilícita y la difusión de información falsa que ponga en riesgo una aeronave en vuelo, con penas de 3 a 10 años de prisión. También se le imputan infracciones a los artículos 11 y 30 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que contemplan sanciones de hasta 40 años de cárcel.

La audiencia para conocer la medida de coerción fue fijada para este jueves 5, a las 9:00 de la mañana, ante el juez Máximo Roa Saint Hilaire. El Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar riesgos de fuga.