Familiares de víctimas del Jet Set demandan al Estado

Reclaman casi RD$1,000 millones por daños materiales y morales

SANTO DOMINGO. — La oficina de abogados del licenciado Ángel Lockward formalizó una demanda patrimonial contra el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, en representación de familiares de nueve víctimas del caso Jet Set. La acción legal, depositada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), reclama una indemnización que supera los RD$900 millones por daños materiales, además de una suma mayor por daños morales.

Lockward explicó en rueda de prensa que los abogados Norberto Rondón y Carlos Escalante presentaron la demanda el pasado viernes, incluyendo en el expediente al exministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. Recordó que desde el inicio del proceso penal habían advertido que también acudirían a la vía administrativa para exigir responsabilidades patrimoniales.

Según detalló, la demanda establece un reclamo de RD$909,949,854.05 por daños materiales y RD$1,073,720,499.91 por daños morales, cifras que buscan compensar a los familiares de César Augusto López, Deneska Shalimar Pérez, Nathalie Miledys Guerrero, Joselyn Rosado Baldera, Dahiana Patiño Martínez, Ruth Elisa Seija, Daniela Henríquez Joshua, Aracelis Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña.

El abogado sostuvo que, a su juicio, el Estado dominicano incurrió en responsabilidad directa al no garantizar la seguridad de los ciudadanos que asistían cada lunes al establecimiento. Afirmó que las omisiones señaladas violan disposiciones de las leyes 674 de 1944 y 6232 de 1963, así como el decreto 596-06, que regulan aspectos de seguridad y supervisión en edificaciones y espacios públicos.

Lockward indicó que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer este tipo de demandas contra el Estado y sus funcionarios. Agregó que las responsabilidades señaladas se sustentan en la acusación presentada por el Ministerio Público contra los propietarios del Jet Set y en las experticias técnicas realizadas durante la investigación.

El equipo legal reiteró que la acción busca sentar precedentes sobre la obligación del Estado de velar por la seguridad ciudadana y garantizar que tragedias como esta no queden sin respuesta institucional. Con el expediente ya en manos del TSA, el proceso entra ahora en su fase judicial, donde se determinará si procede o no la indemnización reclamada.