Panamá revoca concesión china en medio de tensiones con Washington

El máximo tribunal anula contrato portuario tras críticas de Trump

El tablero geopolítico del Canal de Panamá ha sufrido un sismo institucional de magnitudes impredecibles. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional el contrato que permitía al conglomerado de Hong Kong, CK Hutchison, operar las estratégicas terminales de Balboa y Cristóbal de la importante vía comercial. 

Esta decisión no solo desmantela una concesión vigente desde 1997, sino que coloca a la nación centroamericana en el ojo del huracán de la guerra fría comercial entre las dos superpotencias globales.

La sentencia surge tras una "amplia deliberación" motivada por las demandas de la interventora general, Anel Flores. El argumento central apunta a que la prórroga del contrato con Panamá Ports Company (PPC) lesionó el patrimonio nacional, estimando pérdidas fiscales superiores a los mil millones de dólares. Sin embargo, detrás de los tecnicismos legales, late la sombra de la Casa Blanca.

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Soberanía nacional frente a presión externa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido una retórica hostil hacia la presencia asiática en la vía interoceánica, llegando a amenazar con retomar el control del Canal bajo el pretexto de la seguridad nacional. 

Por su parte, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, ha intentado equilibrar la balanza defendiendo la soberanía plena de su país sobre el recurso más valioso de su geografía. 

No obstante, el fallo judicial, inapelable en su esencia, parece dar la razón a quienes cuestionaban los beneficios de la influencia china en el istmo.

La empresa afectada, filial del gigante de Hong Kong, se encontraba en plenas negociaciones para ceder sus operaciones a un consorcio liderado por el fondo estadounidense BlackRock. Ahora, ese movimiento queda en el limbo jurídico. 

La gerencia de PPC ha reaccionado con dureza, calificando la sentencia como un golpe a la estabilidad económica de miles de familias y advirtiendo sobre la inseguridad jurídica que este precedente proyecta hacia los inversores extranjeros.

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Nuevo escenario para el comercio marítimo

Este veredicto obliga al Estado a reestructurar de inmediato su marco legal para las operaciones portuarias. Es muy probable que el país deba convocar a nuevas licitaciones internacionales bajo un escrutinio público y diplomático sin precedentes. 

La posibilidad de un arbitraje internacional queda como el último recurso para la firma asiática, en un intento por salvar una inversión que hoy parece naufragar en aguas políticas.

Panamá se enfrenta ahora al reto de demostrar que su sistema de justicia actúa con independencia, alejándose de los intereses de Washington sin comprometer su relación con Pekín. 

El futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal definirá, en gran medida, el nuevo orden de la logística mundial en la región.