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Clan familiar secuestraba simulando operativos de la DNCD

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Acusan a familia cometió secuestro en La Altagracia
Ministerio Público ha presentado una acusación formal que detalla el rastro de tortura y ambición dejado por los integrantes del clan Vásquez Severino y sus cómplices.

El Ministerio Público desmantela red delictiva en provincia La Altagracia

La tranquilidad de la región este se vio sacudida por el despliegue de una organización criminal con un sello distintivo: la sangre. Lo que parecía un operativo oficial resultó ser el modus operandi de una familia que, bajo el amparo de la falsificación y la violencia, convirtió el secuestro en su principal fuente de ingresos. 

Hoy, el Ministerio Público ha presentado una acusación formal que detalla el rastro de tortura y ambición dejado por los integrantes del clan Vásquez Severino y sus cómplices.

El grupo, compuesto por Ambiorix Vásquez Severino, su madre Ruth Delanea Severino Santana y otros familiares, simulaba operativos de la DNCD para raptar a sus víctimas. Con armas largas e indumentaria táctica, interceptaron a un ciudadano en Higüey, manteniéndolo cautivo durante cuatro días de pesadilla en la carretera hacia Miches. El precio de su libertad fue fijado en la exorbitante suma de 20 millones de pesos.

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Rastro de lujos y sobornos familiares

La investigación de la Procuraduría Antilavado reveló que el dinero obtenido del miedo no permaneció estático. Los imputados transformaron rápidamente el botín en vehículos de alta gama y joyas de lujo, moviendo grandes sumas de efectivo para intentar ocultar su rastro. Sin embargo, la ambición familiar llegó a su límite cuando la madre de los líderes intentó comprar el silencio de las autoridades.

Ruth Delanea fue capturada en flagrante delito mientras intentaba entregar 400,000 pesos en una estación de combustible en San Pedro de Macorís. Su objetivo era sobornar a agentes de la Unidad Antisecuestro para borrar las huellas del sometimiento de su familia. Este acto, lejos de protegerlos, se convirtió en una de las pruebas más contundentes del Ministerio Público para demostrar la existencia de una estructura dedicada no solo al rapto, sino al lavado de activos.

La fiscalía de La Altagracia asegura tener un expediente blindado. La acusación se sostiene sobre una cadena de custodia impecable, testimonios corroborados y peritajes científicos que sitúan a cada miembro de la red en la escena del crimen. 

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