Fiscalía pide prisión preventiva y Medio Ambiente refuerza operativos

Detienen a canadiense por tráfico de indocumentados y cierran granceras ilegales

Santo Domingo.- La Fiscalía de Santiago solicitó prisión preventiva contra un ciudadano canadiense arrestado en flagrante delito mientras traficaba con haitianos indocumentados, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la reincidencia en redes de tráfico de personas. Al mismo tiempo, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente desplegó un amplio operativo en Nigua y Sainaguá, provincia San Cristóbal, para enfrentar la extracción ilegal de agregados, una práctica que ya ha cobrado vidas humanas.

Reincidencia y flagrancia en Santiago

El imputado es Creamer Troy James, de nacionalidad canadiense, quien fue detenido mientras conducía una jeepeta marca Changan, modelo X7, color blanco, por una carretera del distrito municipal El Rubio, en el municipio San José de las Matas.

Durante una inspección de rutina, miembros del Ejército de la República Dominicana detectaron que el vehículo transportaba a varios ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, entre ellos un niño de apenas dos años.

Según informó el Ministerio Público, el arresto se produjo en flagrancia, lo que refuerza la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción. Las autoridades subrayaron que James no solo enfrenta cargos por tráfico ilícito de migrantes, sino que además es reincidente en este tipo de delitos.

Uno de los elementos más graves del caso es que, al momento de su detención, el extranjero violaba medidas de coerción que le habían sido impuestas previamente en la jurisdicción de Dajabón. Entre ellas figuraba el arresto domiciliario, dispuesto precisamente por hechos vinculados al tráfico de personas.

La fiscal Heidys de León, en representación del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, presentó ante el tribunal los cargos provisionales contra el imputado. Estos se fundamentan en la violación de los artículos 2, literales A y E, de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Desde el Ministerio Público se insistió en que la reiteración de este tipo de conductas representa un riesgo para la seguridad, la dignidad humana y el orden migratorio, por lo que consideran necesaria una medida de coerción severa que garantice el proceso judicial y evite nuevas infracciones.

Golpe a los delitos ambientales en San Cristóbal

De forma paralela, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) ejecutó un operativo conjunto en las comunidades de Nigua y Sainaguá, en la provincia San Cristóbal. La intervención se produjo semanas después de que un operador de retroexcavadora perdiera la vida en circunstancias relacionadas con la extracción ilegal de agregados.

El operativo estuvo encabezado por el procurador de corte Francisco Contreras, titular de Proedemaren, acompañado por los fiscales Ruddy Pérez, Rigoberto Santana y Miledys Domínguez. Las autoridades confirmaron la paralización de las operaciones de la grancera Wilson Tejada, donde se realizaban actividades extractivas sin los permisos correspondientes.

Durante la intervención fueron incautados varios equipos pesados, como parte de las acciones contempladas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según explicaron los fiscales actuantes, estas medidas buscan frenar de inmediato el daño ambiental y garantizar la aplicación del régimen de consecuencias previsto en la ley.

En el operativo participaron también miembros de la Mesa Interinstitucional de Persecución y Prevención de los Delitos Ambientales. Entre ellos, el general Ángel Camacho Ubiera, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa); Davis Aracena, en representación del Viceministerio de Suelos y Aguas; y Víctor Manzanillo, consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente.

A la jornada se sumaron además representantes de la sociedad civil y la academia, como Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Nelson Pimentel, de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental, junto a un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente.

Llamado a las comunidades

“El objetivo no es solo detener operaciones ilegales, sino desmantelar el entramado económico que las sostiene”, afirmó Contreras al término del operativo. El procurador explicó que la extracción ilegal de agregados genera daños severos a los ecosistemas, debilita cauces de ríos y pone en peligro directo a trabajadores y comunidades cercanas.

Las instituciones participantes hicieron un llamado a los residentes de Nigua, Sainaguá y zonas aledañas para que denuncien cualquier actividad sospechosa relacionada con la minería ilegal. Según destacaron, la participación ciudadana es clave para proteger los recursos naturales y evitar tragedias como la ocurrida recientemente.

Con estas acciones, tanto en el ámbito migratorio como ambiental, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la reincidencia y la ilegalidad tendrán consecuencias, ya sea en el tráfico de personas o en la explotación indiscriminada del medio ambiente.