La industria dominicana alerta por alzas drásticas de 400% en el agua

El sector productivo exige frenar tarifazo imprevisto de la caasd

El panorama industrial en Santo Domingo se encuentra bajo una tensión inesperada. Esto según la reciente decisión del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) que ha decidido aplicar un ajuste tarifario ha encendido las alarmas de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). 

No se trata de un ajuste rutinario; el gremio denuncia incrementos que alcanzan un sorprendente 400%, una cifra que consideran desproporcionada y carente de sustento técnico sólido.

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El golpe al presupuesto industrial dominicano

Para las empresas, el agua no es solo un recurso natural, sino un insumo crítico cuya estabilidad de costos permite proyectar la viabilidad de sus operaciones, así lo expuso Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

Pujols ha sido enfático al señalar que este aumento llega en un momento de vulnerabilidad financiera, justo cuando los presupuestos para el año 2026 ya han sido cerrados y aprobados. Aplicar una medida de tal magnitud de forma abrupta rompe con la seguridad jurídica y la previsibilidad que el país ha intentado proyectar a sus inversores.

La preocupación no solo radica en el monto, sino en la falta de transparencia. El gremio sostiene que no se realizaron las consultas públicas de rigor ni se presentaron los estudios que justifiquen elevar los costos de manera tan agresiva. 

La ausencia de una implementación gradual convierte el ajuste en una imposición arbitraria que ignora el debido proceso legal, dejando a la industria local en una posición de clara desventaja competitiva.

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Desigualdad tarifaria y riesgos de mercado

Uno de los puntos más críticos señalados por el sector es la aparición de brechas discriminatorias entre la industria nacional y las zonas francas. Este nuevo esquema tarifario introduce diferencias que antes no existían, lo que fractura la equidad entre los actores productivos del país. 

Así, al castigar económicamente a la industria local, se corre el riesgo inminente de que estos costos operativos se trasladen directamente a los precios de productos de primera necesidad, afectando el bolsillo del consumidor final.

La AIRD no se opone a la sostenibilidad de los servicios públicos, pero exige que la CAASD abra un espacio de diálogo técnico real. 

El objetivo es suspender la medida y trabajar en soluciones que no asfixien al motor productivo nacional mientras se combate la informalidad en los pagos de otros sectores.