Justicia española archiva denuncias contra Julio Iglesias por falta competencia

La audiencia nacional declina investigar presuntos abusos en el Caribe

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido cerrar las investigaciones abiertas contra el artista Julio Iglesias por supuestas agresiones sexuales hacia dos antiguas colaboradoras de su entorno doméstico. La resolución, fundamentada en un decreto de archivo, no entra a valorar el fondo de los testimonios, sino que se apoya estrictamente en la falta de jurisdicción de las autoridades españolas. 

Al haber ocurrido los hechos denunciados fuera del territorio nacional, específicamente en el Caribe, el Ministerio Público ha determinado que los tribunales de España carecen de la competencia necesaria para procesar el caso.

La decisión judicial llega tras una investigación periodística de tres años que sacó a la luz relatos estremecedores de una empleada del hogar y una fisioterapeuta. Ambas denunciantes describen un entorno laboral marcado por el acoso continuo, humillaciones e insultos, dentro de una atmósfera de control absoluto que supuestamente ejercía el cantante sobre su personal.

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Relatos de acoso en propiedades privadas

Las declaraciones de las víctimas, recogidas originalmente por elDiario.es y Univisión, detallan experiencias traumáticas que incluyen tocamientos no consentidos y vejaciones físicas. Una de las empleadas fue más allá al denunciar presiones para mantener encuentros sexuales, describiendo episodios de violencia verbal y bofetadas. 

Según los testimonios, los incidentes más graves habrían tenido lugar en el año 2021, cuando una de las denunciantes apenas contaba con 22 años de edad.

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Límites legales en la justicia española

El expediente acumulado durante la investigación periodística incluyó el contacto con hasta 15 exempleadas que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023. Estas profesionales desempeñaron funciones en residencias de lujo ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. 

Sin embargo, dado que los hechos específicos de agresión sexual se sitúan en las propiedades caribeñas, la Fiscalía ha reiterado que la competencia recae sobre las autoridades locales de dichos países y no sobre el sistema judicial español.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el blindaje legal que otorga la jurisdicción internacional ha puesto, por ahora, un punto final al recorrido de este caso en Madrid. El archivo de las diligencias preprocesales deja a las víctimas ante la disyuntiva de trasladar sus demandas a los tribunales de las naciones donde presuntamente se cometieron los delitos, en busca de una justicia que España ha declarado fuera de su alcance legal. Con datos de Europa Press.