Prisión preventiva a policía por tragedia en Santiago

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La justicia de Santiago ha marcado un precedente firme frente al uso excesivo de la fuerza pública. En una audiencia cargada de tensión, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó prisión preventiva contra Jersin Encarnación Vicente, agente de la Policía Nacional, tras ser señalado como el responsable del disparo que segó la vida de Miguel Antonio Miranda Flete, un joven de apenas 23 años. 

El suceso, que transformó una mañana festiva en un escenario de luto, ha reavivado el debate sobre los protocolos de intervención en zonas vulnerables.

La jueza Yiberty Polanco Herrán validó las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinando que el imputado deberá cumplir la medida en la cárcel de Operaciones Especiales de Manoguayabo. Esta decisión surge tras el análisis de un expediente que tipifica el hecho, de manera provisional, como un homicidio bajo los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, lo que augura un proceso judicial riguroso para el uniformado.

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La cronología del incidente nos remonta al pasado 25 de diciembre de 2025, en el corazón del barrio La Ceibita. Lo que inició como una respuesta policial a denuncias de "contaminación sónica" por una fiesta callejera, derivó rápidamente en un caos de gases lacrimógenos y violencia. 

Según el Ministerio Público, el agente Encarnación Vicente accionó su arma de reglamento, una pistola Glock 17, impactando directamente en la cabeza de Miranda Flete. El joven luchó por su vida durante cuatro días, pero finalmente falleció el 29 de diciembre en un centro de salud.

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Evidencia audiovisual fue clave en tribunal

Uno de los pilares que sostuvo la acusación fue el contundente material audiovisual presentado por la fiscalía. En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales y fueron validadas por peritos, se observa con claridad el momento en que el oficial dispara contra la víctima. 

Además de los videos, los testimonios coherentes de los vecinos y las pruebas balísticas recolectadas por el Departamento de Asuntos Internos resultaron determinantes para que el tribunal rechazara cualquier intento de defensa basado en el cumplimiento del deber.

El caso queda ahora en una fase de instrucción donde cada tres meses se revisará la medida de coerción.