Denuncian ante PGR muertes sacuden al Instituto Oncológico del Cibao

Denuncias formales exponen negligencia médica, corrupción interna y conflictos administrativos

Más de veinte fallecimientos ocurridos entre 2024 y 2025 en quirófanos y unidades de cuidados intensivos han colocado al Instituto Oncológico Regional del Cibao en el centro de una tormenta judicial y ética. Las muertes, atribuidas a negligencia médica, malas prácticas y presuntos actos de corrupción, fueron denunciadas ante la Procuraduría General de la República por la entidad Cibaeño Contra el Cáncer, acompañada de un voluminoso expediente con supuestas pruebas.

El ingeniero Héctor Lora, presidente del Patronato que administra el centro, señaló directamente a los doctores Naly Cruz y Juan Bautista Vila como responsables de un esquema de irregularidades que, según afirma, deterioró los protocolos clínicos y elevó la tasa de mortalidad. La denuncia no solo apunta a errores médicos, sino a una estructura interna que habría tolerado prácticas contrarias a la ética profesional.

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Negligencia médica bajo lupa judicial

Los abogados del Patronato sostienen que las anomalías obligaron a la destitución del entonces jefe de cirugía, Juan Bautista Vila, quien —afirman— ejercía funciones sin la especialidad oncológica requerida. Esta decisión desató un conflicto abierto entre la dirección administrativa y la dirección médica, fractura que, lejos de resolverse, escaló hacia una disputa pública y legal.

Lora explicó que al asumir la presidencia encontró una cadena de mando médica concentrada en el quirófano, bajo la supervisión de Vila y la directora médica Naly Cruz. En ese contexto, denunció la práctica del llamado “cambio de indicación”, mediante la cual médicos bajo la dependencia de la dirección médica emitían nuevas órdenes clínicas para viabilizar cobros a seguros subsidiados.

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Conflicto interno y denuncias cruzadas

La tensión alcanzó su punto más crítico cuando, según Lora, residentes de cirugía comenzaron a operar sin supervisión directa, mientras aumentaban las muertes en hospitalización y UCI. Ante esta situación, el Patronato decidió actuar y hoy busca que el Ministerio Público evalúe videos, documentos y testimonios que respaldan su versión.

Los abogados también denunciaron una asamblea considerada ilegal, celebrada tras la toma del patronato en octubre pasado, con el objetivo —afirman— de reinstalar a autoridades médicas al margen de la ley y de los estatutos internos.

Héctor Lora aseguró que su única motivación es limpiar su nombre y el de su familia, convencido de que la verdad saldrá a la luz en los tribunales. El expediente ya está en manos de la PGR. Ahora, el país espera respuestas claras sobre lo ocurrido tras las puertas de uno de los principales centros oncológicos del Cibao.