Camacho reafirma que responsables del caso SeNaSa irán a juicio

El Ministerio Público sostiene la coerción y avanza hacia una Operación Cobra 2.0

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que todas las personas que hayan sustraído recursos públicos en el caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) enfrentarán la justicia. Su declaración se produce en medio del proceso judicial conocido como Operación Cobra, una investigación que ha puesto bajo la lupa un entramado de corrupción administrativa con impacto directo en millones de afiliados.

“Todo el que ha sustraído dinero del Estado en este caso va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, afirmó Camacho al salir de la audiencia celebrada ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Sus palabras no son solo un mensaje político o mediático, sino una posición firme sobre la línea de actuación del Ministerio Público: la investigación continúa abierta y tendrá nuevas fases conforme avance el proceso.

El órgano persecutor mantiene su postura de que no existen fundamentos jurídicos para modificar las medidas de coerción impuestas a varios de los imputados. Entre ellos figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como cabecilla de la estructura, junto a otros exfuncionarios y colaboradores que enfrentan cargos por corrupción administrativa, estafa contra el Estado, soborno, asociación de malhechores, falsificación y lavado de activos.

La audiencia fue aplazada para el próximo 3 de febrero debido a que una de las imputadas se presentó sin representación legal. No obstante, Camacho subrayó que el Ministerio Público estaba preparado para conocer el recurso y reiteró que defenderá “con firmeza” la prisión preventiva y las demás medidas dictadas por el tribunal de Atención Permanente.

Más allá del trámite procesal, el caso SeNaSa ha generado una fuerte repercusión pública por la magnitud del daño. De acuerdo con la acusación, la presunta red de corrupción habría afectado a una institución que brinda cobertura de salud a más de siete millones de dominicanos, con un perjuicio económico estimado en al menos 15 mil millones de pesos. Para el Ministerio Público, la gravedad de los hechos justifica una respuesta judicial proporcional y sin concesiones.

Camacho también confirmó que la investigación no se limita a los imputados actuales. El equipo de fiscales trabaja en lo que ya han denominado una “Operación Cobra 2.0”, una nueva fase que podría ampliar el número de implicados. “Nosotros no nos detenemos. Seguimos trabajando para llevar ante los tribunales a todos los responsables en el menor tiempo posible”, sostuvo.

Ante cuestionamientos de sectores de la defensa que han intentado deslegitimar la actuación del Ministerio Público, el procurador adjunto fue tajante. Consideró esas declaraciones como intentos de provocación y defendió la trayectoria institucional del órgano acusador. “Actuamos conforme a la ley y a nuestra conciencia profesional”, afirmó.

El caso SeNaSa se ha convertido en una prueba clave para el sistema de justicia dominicano. No solo por el volumen de recursos involucrados, sino porque pone en juego la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger el patrimonio público y los derechos de millones de ciudadanos. Para el Ministerio Público, el mensaje es claro: habrá consecuencias y el proceso no se detendrá hasta agotar todas las responsabilidades.