Remesas sostienen economías frágiles; gobiernos evitan reformas estructurales

Dependencia creciente expone desigualdades migratorias y límites del desarrollo regional

Durante la última década, las remesas han dejado de ser un complemento económico para convertirse en un salvavidas estructural en América Latina y el Caribe. Este flujo constante de dinero, enviado por millones de migrantes, sostiene hogares, equilibra balanzas externas y, de forma silenciosa, aplaza decisiones políticas que muchos gobiernos siguen evitando.

Lejos del relato optimista sobre la “solidaridad transnacional”, las cifras revelan una dependencia alarmante que expone la fragilidad de los modelos productivos locales y la falta de oportunidades internas.

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Ranking regional por volumen recibido anual

En términos absolutos, México continúa liderando de forma incontestable el ingreso de remesas, con entre 63,000 y 67,000 millones de dólares anuales, una magnitud que lo sitúa entre los mayores receptores del mundo. 

Le siguen Guatemala, con 19,000 a 20,000 millones, y Colombia, que recibe entre 10,000 y 11,000 millones. 

República Dominicana (10,000 a 10,500 millones) y Honduras (9,000 a 9,500 millones) completan el grupo principal.

Sin embargo, este ranking por volumen oculta una realidad más incómoda: recibir más dinero no implica mayor dependencia, sino todo lo contrario.

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Dependencia social medida por población local

Cuando se analiza el peso de las remesas sobre el PIB y por habitante, el mapa cambia drásticamente. Honduras destina entre 27% y 30% de su PIB a remesas: casi uno de cada tres dólares que circulan en el país llega desde el exterior. 

El Salvador depende de ellas en un 24% a 26%, Haití entre 22% y 25%, Guatemala alrededor del 19% a 20%, y Nicaragua ya alcanza 20% a 22%, impulsada por la migración reciente.

México, pese a sus cifras récord, apenas registra un 3.5% a 4% del PIB, lo que evidencia una economía más diversificada y menos vulnerable a este ingreso externo.

El origen del dinero también confirma una concentración de riesgos. Estados Unidos aporta más del 75% de las remesas regionales y supera el 95% en países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

España ocupa el segundo lugar, especialmente para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y República Dominicana. 

Chile y Argentina funcionan como polos intrarregionales, mientras que Italia y Suiza mantienen flujos relevantes hacia Ecuador y Colombia.

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El caso venezolano refleja una nueva etapa del fenómeno. Con ingresos estimados entre 4,000 y 5,000 millones de dólares, gran parte de estas remesas circula por vías informales o criptomonedas, debido a sanciones y restricciones bancarias. Su diáspora, dispersa por Colombia, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos y España, marca una ruptura con los patrones migratorios tradicionales.

Pese a las crisis económicas en los países de destino, el flujo de remesas sigue creciendo. No obstante, el 80% del dinero se destina a consumo inmediato —alimentos, alquiler y servicios—, dejando un margen mínimo para ahorro, educación o inversión productiva. 

Iniciativas como las carteras digitales en El Salvador buscan reducir comisiones, pero no resuelven el problema de fondo: una región que sobrevive gracias a quienes se fueron.

Este modelo, aunque eficaz a corto plazo, plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto desarrollo real puede construirse sobre la ausencia permanente de su propia población?