Dos tragedias y dos condenas en muertes de motociclistas

Un oficial de policía y un chofer irán a prisión tras matar a dos motoristas.

En las calles de Santo Domingo, un roce de vehículos o una persecución pueden convertirse en una sentencia de muerte en cuestión de segundos. Dos casos recientes, marcados por la ira y el exceso de fuerza, acaban de cerrar su ciclo en los tribunales con condenas que envían un mensaje drástico: la intolerancia en el asfalto tiene consecuencias penales severas.

El primer caso estremece por la investidura del agresor. El teniente coronel Raúl Francisco Suriel Arias ha sido condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Gregory Mena Montero. 

Lo que comenzó como un reporte ciudadano la madrugada del 15 de diciembre de 2024 —donde se acusaba a la víctima de haber atropellado a un motorista en la avenida Nicolás de Ovando— terminó en una ejecución injustificada.

Tras una persecución que culminó en el sector Los Ríos, Mena Montero se vio atrapado por el tráfico. En lugar de un arresto reglamentario, el oficial Suriel Arias reaccionó con una violencia desmedida. 

Según el informe del Inacif, el coronel no solo golpeó a la víctima con su pistola Glock, sino que terminó disparándole directamente en el rostro.

Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado no flaquearon ante el rango del oficial y lo enviaron a cumplir su pena al Centro de Operaciones Especiales.

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La venganza del chofer de guagua

Casi de forma paralela, otro tribunal dictó 15 años de cárcel para Stive Dosenvill, un chofer de transporte público que convirtió un simple roce de tránsito en una cacería humana.

El 12 de octubre de 2024, en la Carretera Mella, Dosenvill y el motorista Miguel Ángel Matos protagonizaron una discusión tras un leve contacto entre sus vehículos. Aunque fueron separados y Matos intentó retirarse del lugar, el chofer de la guagua tomó una decisión criminal: bajó a todos sus pasajeros y emprendió una persecución con el único objetivo de embestir al motociclista.

Matos murió en el pavimento antes de recibir auxilio, mientras que Dosenvill intentó huir, siendo capturado gracias a un ciudadano que lo persiguió hasta un destacamento. El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este determinó que no fue un accidente, sino un homicidio voluntario, y ordenó su traslado a Najayo Hombres.

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La calle no puede ser un campo de batalla

Ambas sentencias ponen de relieve una realidad alarmante: la facilidad con la que el ciudadano —o la autoridad— pierde el control detrás del guía. En el caso del teniente coronel, el Departamento de Asuntos Internos fue clave para demostrar que el uso del arma de reglamento fue criminal. En el caso del chofer, la premeditación de bajar a los pasajeros para perseguir a su víctima selló su destino legal.

Estas condenas no devuelven la vida a Gregory ni a Miguel Ángel, pero establecen un precedente necesario en una ciudad donde el caos vial a menudo se intenta resolver con plomo o con el peso del metal.