Imponen coerción a dominicana acusada de ultraje al Himno Nacional

Tribunal ordena presentación periódica y fija seis meses de investigación

El Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Alicia Anabel Santos Díaz, una dominicana residente en Estados Unidos, imputada por el Ministerio Público por presunto ultraje al Himno Nacional dominicano, un caso que ha generado amplio debate público y reacciones de instituciones patrióticas.

La jueza Katherine Rubio Matos dispuso como medida principal la presentación periódica de la imputada cada dos meses ante la oficina del fiscal investigador. Además, otorgó un plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar el acto conclusivo correspondiente.

Durante la audiencia, el órgano acusador —representado por los fiscales Rafael Reyes, María Miguelina Palma y Emmanuel Ramírez— solicitó medidas más severas, entre ellas una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Sin embargo, el tribunal optó por acoger solo parte de la solicitud.

El arresto de Santos Díaz, de 54 años, se produjo el 7 de agosto de 2025, amparado en la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

Según la acusación, Santos Díaz está imputada junto a Yoseli Castillo Fuertes por su presunta participación como organizadoras de una actividad cultural en la que se alteró la letra del Himno Nacional. De acuerdo con la investigación, ambas promovieron la circulación de un texto modificado y organizaron un evento en el que invitaron al público a ponerse de pie y entonar el Himno con la música oficial, pero con letras distintas a las establecidas.

El Ministerio Público sostiene que estos hechos están tipificados y sancionados en los artículos 37, 39 y 49 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana y establece sanciones para quienes los modifiquen o utilicen de manera indebida.

Además de la evidencia difundida en redes sociales, la acusación se apoya en denuncias formales presentadas por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones cívicas, que reclamaron la aplicación estricta del marco legal vigente.

El caso continúa bajo investigación y vuelve a colocar en el centro del debate público los límites de la libertad de expresión frente al respeto y la protección de los símbolos nacionales. de ensalada lista, ya