Arrestan a imputada por ultraje al Himno Nacional

Caso surge tras acto en centro cultural de la Ciudad Colonial

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Las autoridades dominicanas arrestaron este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años, imputada por el delito de ultraje al Himno Nacional, en un caso que ha generado debate público por el uso y respeto de los símbolos patrios.

El arresto se produjo en cumplimiento de la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida el 7 de agosto de 2025 por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Santos Díaz, de nacionalidad dominicana y residente en Estados Unidos, es señalada como una de las personas involucradas en un acto realizado en el Centro Cultural de España, en la Zona Colonial.

La investigación del Ministerio Público también incluye a Yoseli Castillo Fuertes. De acuerdo con el expediente, ambas imputadas organizaron y pusieron en circulación un texto titulado “Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!”, en el marco de un evento público celebrado en uno de los salones de la referida institución cultural.

Según las autoridades, durante la actividad se invitó a los asistentes a ponerse de pie y a cantar lo que fue presentado como el “Himno Nacional”, utilizando la misma música oficial, pero con letras alteradas. Para el órgano acusador, esta acción constituye un ultraje a un símbolo patrio que, conforme a la Constitución dominicana, es único e invariable.

El Ministerio Público sostiene que los hechos configuran una violación a los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana y establece sanciones para quienes los utilicen de forma indebida o irrespetuosa.

Como parte de la investigación, las autoridades recopilaron evidencias difundidas a través de redes sociales, donde circularon fragmentos del evento. Además, el proceso se inició tras la recepción de denuncias formales presentadas por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones cívicas, que reclamaron la aplicación estricta del marco legal vigente.

En uno de los considerandos de la orden de arresto, la jueza señala que, aunque la libertad personal es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, esta puede ser limitada cuando se afecta el orden público o las buenas costumbres, siempre que exista una orden motivada emitida por una autoridad judicial competente.

El documento judicial también hace referencia a la condición de residentes en el extranjero de las investigadas, advirtiendo que dicha situación podría facilitar que se sustraigan del proceso penal, debido a su carácter transitorio en el país.

Tras su detención en el AILA, Santos Díaz fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras continúan las diligencias en torno al caso. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles medidas de coerción, pero reiteraron que el proceso se desarrollará conforme a lo establecido por la ley.

El caso ha reavivado la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto a los símbolos nacionales, un tema que, según juristas y entidades patrióticas, debe abordarse dentro del marco constitucional y legal de la República Dominicana.