Fiscales describen el trato cruel a secuestrado y logran prisión preventiva

• SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Los detalles que surgieron en la audiencia de medidas de coerción contra Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez parecen sacados de una crónica policial de las más oscuras. No se trató solo de una privación de libertad por dinero; fue un episodio de violencia sistemática que dejó huellas profundas en una víctima de 47 años, secuestrada en la localidad de La Otra Banda, Higüey.

Este martes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia validó el expediente presentado por el Ministerio Público, dictando tres meses de prisión preventiva para ambos imputados. La decisión, tomada por la jueza Francis Reyes Diloné, envía un mensaje claro contra una estructura que no solo operaba mediante el terror físico, sino que utilizaba un complejo entramado financiero para blanquear el botín obtenido.

Cuatro días de pesadilla en Higüey

El relato de los fiscales Claudio Cordero y Surielly Guerrero ante el tribunal fue crudo. La víctima no solo estuvo retenida contra su voluntad durante cuatro días, sino que fue sometida a tratos inhumanos y degradantes. Según el expediente, los captores emplearon golpes y provocaron heridas físicas que, más allá de las cicatrices en la piel, han derivado en traumas emocionales severos que persisten hasta hoy.

La red no se conformó con el rapto. Mientras la víctima permanecía bajo custodia violenta, los secuestradores ejercieron una presión asfixiante sobre su familia. El objetivo inicial era un rescate de 20 millones de pesos. En medio de la desesperación, los familiares se vieron obligados a entregar más de 6 millones de pesos en efectivo y a realizar traspasos de vehículos a nombre de terceros vinculados a la red, en un intento de los delincuentes por diversificar el rastro del dinero y dificultar la labor de los investigadores.

El rastro del dinero: de la violencia al lavado

Lo que diferencia este caso de un secuestro común es la estructura de lavado de activos que se activó casi de inmediato. Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez están señalados como los testaferros y prestanombres de los cabecillas de la banda, identificados como Alfredo y Ambioris Vásquez Severino.

La ambición fue, en última instancia, lo que terminó de cercar a los imputados. Con el dinero del rescate, la red adquirió dos vehículos de alta gama en un concesionario de Santo Domingo Este. Estos vehículos no eran solo un lujo; eran evidencia rodante. Al momento de su arresto en mayo de este año, uno de los imputados tenía el control directo de estos bienes, vinculándolos directamente con el capital ilícito proveniente de la extorsión.

Un operativo coordinado

La caída de estos miembros de la red fue el resultado de un trabajo de inteligencia entre la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia. El operativo contó con el respaldo técnico de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, permitiendo un allanamiento que desarticuló parte de la logística financiera del grupo.

La magistrada Ramona Nova, titular de la unidad Antilavado, y Claudia Garrido, fiscal titular de La Altagracia, se mostraron conformes con la medida de cohesión. Ambas coincidieron en que la decisión está apegada a derecho y representa un paso necesario para garantizar que un crimen de esta naturaleza —donde se mezcla la violencia física extrema con el fraude económico— no quede impune.

Destino de los imputados

La jueza Reyes Diloné dispuso que Tairi Vásquez Severino cumpla la medida en la cárcel de mujeres de La Altagracia, mientras que Jhan Carlos Rivera Martínez será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya.

El proceso entra ahora en una fase determinante de recolección de pruebas adicionales para desmantelar por completo la estructura que, según las autoridades, pretendía establecer un modelo de "negocio" basado en el secuestro selectivo y la posterior legitimación de capitales en el mercado formal dominicano.