MP busca ratificar condenas a red traficaba mujeres y niños

El Ministerio Público pide confirmar sentencias contra red de tráfico de migrantes en Barahona. 

SANTO DOMINGO.-La justicia dominicana se prepara para un nuevo asalto en las cortes contra una de las estructuras criminales más cínicas que ha operado en la zona sur del país. El Ministerio Público ha sido tajante: no darán un paso atrás en el caso de la Operación Iguana y solicitarán a la Corte de Apelación de Barahona que se mantengan firmes las condenas de 10 y 15 años de prisión dictadas contra cinco hombres vinculados al tráfico ilícito de migrantes.

Aunque se esperaba avanzar este lunes, el proceso sufrió un leve traspié. La audiencia fue reprogramada para el próximo lunes 29 de diciembre a las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa. Sin embargo, las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González ya tienen lista su estrategia para evitar que los recursos de apelación de los acusados prosperen.

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Un negocio basado en el chantaje y el miedo

Lo que desveló la Operación Iguana en 2022 no fue un simple cruce ilegal de personas; fue una maquinaria de explotación que convirtió la frontera domínico-haitiana en su centro de operaciones. La red no solo cobraba por el tránsito, sino que, según el expediente, recurría al secuestro y al cautiverio.

Se les vincula directamente con la privación de libertad de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, a quienes mantenían retenidas bajo amenazas hasta recibir pagos por su liberación. El Ministerio Público sostiene que los miembros de la red utilizaban el chantaje y el soborno como moneda de cambio habitual, abusando de la extrema vulnerabilidad de quienes buscaban cruzar la frontera.

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Los implicados y sus sentencias

El Tribunal Colegiado de Jimaní ya había repartido culpas el año pasado, pero ahora el tribunal de alzada debe decidir si el castigo es definitivo. Entre los condenados a 10 años se encuentran dos piezas clave del sistema oficial: Roberto Méndez Pérez, quien era coordinador de control migratorio en Jimaní, y el inspector Johan Rosario Castillo. Es, quizás, el punto más indignante del caso: el uso de la autoridad para facilitar el crimen.

Por otro lado, Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán cargan con la sentencia más pesada: 15 años de cárcel. Además, todos deberán enfrentar una multa de 150 salarios mínimos si la Corte de Barahona ratifica el fallo original.

La investigación, que arrancó a finales de 2021, culminó con nueve allanamientos simultáneos en las provincias de Independencia, Bahoruco y Pedernales. El botín incautado en aquel momento hablaba por sí solo: siete vehículos, 127 pasaportes extranjeros, dinero en efectivo y armas de fuego.