DGCP evitó mal uso de RD$6,500 millones del erario en 2025

El órgano rector anuló procesos irregulares e inhabilitó a 165 proveedores.

SANTO DOMINGO.-El cierre del año 2025 deja una cifra contundente sobre la mesa de la transparencia dominicana: RD$6,500 millones. Ese es el monto que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dijo logró salvaguardar mediante un agresivo esquema de controles, lupas preventivas y mano dura contra las irregularidades en las compras del Estado.

No ha sido un año de simple observación. El órgano rector, encabezado por Carlos Pimentel, se enfocó en cortar las anomalías antes de que el dinero saliera de las arcas públicas, al menos así lo destacó en un documento enviado a DiarioDigitalRD. 

A través del monitoreo preventivo, la institución logró la cancelación de 78 procesos de contratación que sumaban casi RD$4,950 millones, además de suspender otros siete procedimientos por un valor de RD$659 millones. 

En total, el impacto de estas intervenciones oportunas permitió reencauzar más de RD$6,593 millones que, de otro modo, habrían alimentado adjudicaciones cuestionables.

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Anulaciones y el peso de la ley

Cuando la prevención no fue suficiente y las faltas se consumaron, la DGCP actuó con resoluciones vinculantes explico. Durante estos doce meses se emitieron 190 resoluciones para resolver investigaciones y reclamos. En 26 de estos casos, la decisión fue drástica: la anulación total de los actos administrativos tras comprobarse que se ignoró el debido proceso o se violó directamente la ley.

Específicamente, nueve procedimientos de contratación fueron borrados del mapa legal por presentar irregularidades graves. Estas licitaciones fallidas sumaban más de RD$984.4 millones. 

Con dichas anulaciones, las instituciones involucradas se vieron obligadas a reiniciar sus procesos desde cero, garantizando esta vez que todos los proveedores compitieran en igualdad de condiciones.

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Limpieza en el registro de proveedores

La fiscalización no solo alcanzó a las instituciones compradoras, sino también a quienes venden al Estado. El 2025 cierra con 165 registros de proveedores (RPE) inhabilitados o suspendidos. La DGCP emitió 35 decisiones de inhabilitación, algunas temporales por fallos en los contratos y otras permanentes para aquellos que intentaron engañar al sistema con documentos falsos o adulterados.

Además, el brazo de la justicia también se sintió en el registro oficial: se cancelaron o suspendieron de oficio 91 registros de personas y empresas vinculadas a procesos por delitos de corrupción, y otros 39 por caer en el régimen de inhabilidades que dicta la normativa.

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Respaldo en los tribunales

Un dato que destaca la robustez técnica de la gestión es que sus decisiones han resistido el escrutinio judicial. De 84 casos que llegaron a la jurisdicción contencioso-administrativa, los tribunales confirmaron la validez de 67 sentencias de la DGCP. 

Finalmente, la colaboración con el Ministerio Público ha sido constante, con más de 100 asistencias técnicas que sirven de insumo para investigaciones judiciales en curso. Para Carlos Pimentel, el balance es positivo: "Nuestra actuación no se limita a corregir, sino a prevenir", asegura, subrayando que cada peso salvado es una victoria para el patrimonio nacional.