El derecho de consumo en 2025

En el campo del sector eléctrico, las políticas públicas siguen siendo obsoletas.

El derecho de consumo, como casi todo, retrocedió en la República Dominicana en 2025, debido a una política pública decididamente inclinada a sectores ligados a la oferta más que al consumo, se continúa la característica del presente gobierno de ejecución de políticas de corte neoliberales en las que solo se toma en cuenta el punto de vista empresarial. Solo la Superintendencia de Bancos (SB) con el link de presentación de queja instantáneo al servicio del usuario, constituye una novedad, quien en tiempo real puede presentar quejas que, al decir de sus responsables, obtienen también tramitación y satisfacción casi instantáneamente. Este es un avance significativo y a la altura de la banca nacional, la que, en términos generales, se caracteriza por su modernidad y su eficiencia frente a su clientela. No siempre así respecto de los derechos de sus usuarios, sino por pura competencia de mercado.

Lástima que el sector de las telecomunicaciones no pueda decir lo mismo: sigue pendiente la actualización de su legislación del siglo pasado y, por ende, completamente desfasada de los temas de hoy y de la tecnología siempre transformadora que caracteriza a las telecomunicaciones. Los problemas de conectividad siguen siendo proverbiales, no se cuidan de dar el servicio conforme a lo pactado, tampoco se diferencia lo que son derechos de los usuarios de los que son ofertas comerciales. Este asunto puede afirmarse: no aguanta más; debe resolverse vía congreso nacional, a la mayor brevedad. Dicho de otro modo, aquí hay un neoliberalismo salvaje, contrario al Estado social y democrático de derecho que nos rige. Sigue sin que se explique a los usuarios qué se hace con el dos por ciento que pagan por cada factura mes por mes, ni se ven resultados tangibles de ello. Y, para colmo, ya los móviles de origen chino tienen precios prácticamente equivalentes a los occidentales. Es decir, se engaña al consumidor, pero también al productor asiático.

En el campo del sector eléctrico las políticas públicas siguen siendo obsoletas, a pesar de que el señor presidente de la república ordenó electrificación total del país y cobro razonables, las distorsiones provocan un caos lamentable en no pocos casos, los usuarios se quejan de cobros abusivos y de un servicio deficiente, al tiempo de que se acumulan las deudas por subsidios estatales, podría afirmarse que el cobro no es eficiente, que el servicio de suministro de energía tampoco. Que las redes siguen siendo el factor primario de las pérdidas y que los usuarios piden eficiencia y cero abusos. Sin embargo, se opta por hacer pagar al usuario las deficiencias o pérdidas en las redes como en los medidores, sin derecho a ser oído. Allí, la burocracia está orientada hacia los abogados, todo se envía a legal, se han especializado, fuera de ley, en análisis de contratos buscando periquitos para justificar la falta de calidad en el servicio, en lugar de resolver de manera técnica y prácticas pequeños problemas, los remiten al departamento legal, obligando al usuario a buscar fórmulas alternas, porque el PROTECOM no sirve para nada.

Mucho se habló de medidores justos, sin embargo, esta promesa, al igual que muchas otras, se han quedado esperando mejor momento. Cabe destacar que la consciencia ciudadana ha aumentado notablemente en cuanto a la obligación de pagar. Pero cuando la facturación es injusta, el usuario queda frustrado porque observa que su colaboración con las EDES no es reciprocada con eficiencia y buen servicio. El tema de los medidores sigue siendo lacerante por ausencia. Convendría que los cortes no estén en manos de terceras empresas porque estas no están cooperando sino complicando los reclamos. El personal de las comercializadoras se encuentra estresado por las quejas mientras la solución no llega y los abusos no cesan. Este fenómeno se observa a nivel nacional. PROTECOM no se sabe para qué existe ni quiénes lo dirigen porque estos órganos reguladores no tienen ni la más remota idea de cuál es su función, no saben lo que es regular, pero tampoco tienen calidad en la atención y canalización de las quejas de los usuarios. Este órgano opera a nivel nacional y en todas partes su función es inoperante.

Donde se rompió la taza es en lo referente al Servicio Nacional de Salud (SENASA). Por suerte, ya el tema se judicializó; sin embargo, las precariedades y los copagos no solo siguen, sino que han sido aumentados. Esta será la primera demanda solicitando la corrección del movimiento consumerista nacional. Esta bien que los desfalcadores públicos y privados sean llevados por ante la justicia, pero lo que realmente demanda la ciudadanía a gritos, es la mejora en la calidad de la asistencia de salud y en su cobertura. Lo único sobresaliente en el año ha sido el cobro de copagos, nada más. Esto así porque las autoridades encargadas poco o nada hacen para mejorar la suerte de los usuarios de servicios de salud.

El PROCONSUMIDOR la gente piensa que fue clausurado no se siente ni cumple su función, se limita a débiles declaraciones de prensa, pero para nada se dedica a proteger los derechos del consumidor ni a innovar en múltiples tareas pendientes. La política de calidad en la oferta de bienes y servicios no es adecuadamente supervisada. En materia como alimentos y bebidas, temas sensibles para los consumidores locales como para el turista que nos visita la situación no puede ser peor, carece de protección y de adecuada canalización de sus quejas. Todo se reduce a marketing. El tema de los negocios de ciudadanos chinos es el mejor ejemplo, no se optó por su regularización sino por su clausura. Ocasionado graves daños tanto a la competencia como a la política de consumo. El equilibrio brilló por su ausencia.

Otro tanto ocurre con los autos de procedencia china y con los autos eléctricos los precios están por la libre sin ninguna reglamentación precio/calidad en perjuicio siempre del consumidor de esos productos, puede afirmarse que el mercado lleva su ritmo sin que a PROCONSUMIDOR le importe lo que allí ocurre, simplemente, desarrolla una política improvisada y siempre reactiva. El registro y verificación de contratos que ordena la ley es cosa del pasado.

La producción agrícola podría beneficiar a productor y consumidor, pero por ineficiencia del PROCONSUMIDOR ambos resultan perjudicados en provecho de los intermediarios que engañan a unos y otros con aval oficial por omisión, por ausencia de vigilancia del mercado en desprecio absoluto por la Ley 166-12 sobre supervisión y vigilancia del mercado. El gobierno pudo haber tenido mejor desempeño en esta área porque la producción del país en rublos agrícolas no es despreciable, pero la política reactiva del político allí enquistado ha conducido por esos caminos.

En una nación carente de articulaciones sociales sólidas, la confianza queda en manos de los órganos reguladores, pero cuando eso no funciona, el caos reina. Nadie en el gobierno sabe en qué consiste la política de regulación, ordenanza y vigilancia del mercado. Otros valores reinan allí la política como estafa y nunca como virtud. Incluso, un PROCOSNUMIDOR fuerte pudo haber contribuido al desastre del SENASA. Sin embargo, se prefirió evadir la responsabilidad de órgano regulador del mercado de bienes y servicios públicos y privados. No hay vocación de servicios sino trapisondas políticas unidas a la descalificación como reglas en que, igualándonos todos, ninguno es perfectible. Puede hablarse de pesadilla gubernamental en perjuicio del consumidor. DLH-17-12-2025