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FP denuncia fusión educativa como maniobra para tapar caso SENASA

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Oposición cuestiona unir MINERD y MESCyT en medio de escándalo sanitario

Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo (FP) volvió a la carga contra el proyecto de ley que propone fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Para el partido opositor, no se trata de una reforma educativa genuina, sino de una jugada política para mover el foco del debate público mientras crecen las presiones para que el Gobierno explique el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Según la FP, es el artículo que convierte al MINERD en continuador jurídico del MESCyT.

La Secretaría de Educación de la FP sostiene que la iniciativa llega sin estudios técnicos, sin consenso y en un momento demasiado conveniente. Según la organización, el Ejecutivo pone sobre la mesa un tema sensible, como la estructura del sistema educativo, justo cuando amplios sectores reclaman respuestas claras sobre el manejo irregular de recursos públicos en SENASA, un caso que ha golpeado directamente el derecho a la salud de miles de ciudadanos.

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Desde la óptica política, la FP interpreta la propuesta como una cortina de humo. Recuerda que las investigaciones sobre SENASA apuntan a desvíos de fondos destinados a la población más vulnerable y a posibles vínculos con la pasada campaña presidencial. En ese contexto, introducir una reforma de alto impacto permite, según el partido, diluir la atención mediática y social.

Riesgos institucionales y legales de la fusión educativa

Más allá del momento político, la Fuerza del Pueblo cuestiona el fondo del proyecto. Advierte que el MINERD y el MESCyT responden a misiones distintas y a marcos legales específicos. La educación preuniversitaria y la educación superior no operan bajo la misma lógica, como lo reconocen las leyes 66-97 y 139-01, que establecen estructuras separadas para garantizar calidad, autonomía y desarrollo.

Uno de los puntos más críticos, según la FP, es el artículo que convierte al MINERD en continuador jurídico del MESCyT. Esto implicaría asumir de forma automática contratos, compromisos y responsabilidades sin una transición clara. Para el partido, ese esquema abre la puerta a conflictos legales, debilita la autonomía universitaria y resta atención a áreas clave como la investigación científica y la innovación.

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El 4 % en juego y falta de diálogo social

La organización también alerta sobre el impacto presupuestario. Unificar ambos ministerios, sin blindajes explícitos, podría poner en riesgo el 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria, una conquista social que costó años de movilización. A su juicio, mezclar presupuestos puede terminar diluyendo recursos esenciales para las escuelas públicas y, al mismo tiempo, afectar la inversión en ciencia y tecnología.

La FP subraya que gremios docentes, académicos y sectores vinculados a la educación ya han expresado preocupación por la falta de consultas y diagnósticos serios. Esa ausencia de diálogo, dice, refuerza la idea de una reforma improvisada.

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En conclusión, el partido llama al Congreso a frenar una fusión que considera innecesaria y mal planteada. Insiste en que el país no debe perder de vista lo esencial: esclarecer el caso SENASA y exigir transparencia, mientras cualquier cambio en el sistema educativo se discute con datos, planificación y visión de largo plazo.

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