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Robo al Estado y clamor popular de justicia

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Manuel Díaz Aponte, periodista.

La ciudadanía se ha manifestado con diferentes expresiones contra los implicados en la escandalosa estafa.

Nuevamente, la sed de justicia ante la cultura de la corrupción que sacude los cimientos institucionales de la sociedad dominicana ha despertado el sentimiento de la población, que espera sanciones ejemplares.

Esta vez conmovida por el repugnante espectáculo del robo en SeNasa, la gente ha salido a las calles a demandar justicia contra los autores de tan execrable desfalco.

Los ladrones de cuello blanco en el país tapan sus rostros con mascarillas para evadir el foco visual, porque ahora no les interesa buscar cámaras.

Intentan vanamente eludir una realidad de la que no podrán escapar jamás mientras les quede un aliento en su siniestra vida. En tanto, la población indignada clama justicia y un freno definitivo al ladronicio de los bienes públicos.

La ciudadanía se ha manifestado con diferentes expresiones contra los implicados en la escandalosa estafa dada sus implicaciones sociales por tratarse de recursos destinados a la salud y protección medicinal de los sectores vulnerables.    

Por el rescate de la dignidad nacional es oportuna la decisión del juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrado Rigoberto Sena, que impuso 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, en contra de Santiago Hazim, ex director de SeNasa y otros seis implicados en el robo que pulverizó las finanzas de esa entidad oficial.

Además, impuso prisión a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Igualmente, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.

Sin embargo, tanto Santiago Hazim como los otros vinculados al robo en SeNasa fueron llevados al nuevo centro penitenciario de Las Parras, tras alegar sobrepoblación en Najayo.

Al grupo se le imputan cargos por parte del Ministerio Público de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otros delitos.

"Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado (…), entonces tenga salud para responder por ese crimen", parte de un video donde la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recuerda su trayectoria de fiscal, "¡Pensando exactamente lo mismo que he pensado en toda mi carrera de fiscal!" escribió y difundió en su cuenta de X con la etiqueta #OperaciónCobra2025, a propósito del robo de Senasa.

Los alegatos de la defensa contra los acusados de desfalcar a SeNasa por 15 mil millones de pesos, no pudieron impedir el encarcelamiento de Santiago Hazim, quien alega problemas de salud y deseo de viajar a Estados Unidos a tratamientos médicos.

Corrupción que empobrece    

Se habrá usted preguntando alguna vez, ¿Por qué hay tantas desigualdades, contrastes y exclusiones en la sociedad dominicana? La corrupción que drena el presupuesto nacional para que un grupito de cañadas vivan rodeados de riqueza y lujo, es una de las razones.  

Igualmente, pregunto: ¿Cuándo los gobiernos tomarán en cuenta a gentes honestas, profesionales distinguidos y de trayectorias intachables para las funciones dentro del Estado?  

La megacorrupción descubierta en el Servicio Nacional de Salud (SeNasa) refleja la podredumbre y descomposición de la sociedad dominicana, donde intervinieron actores privilegiados que no necesitan cargar ilícitamente con recursos públicos.

Tradicionalmente, los médicos han alcanzado las mayores conquistas laborales entre las demás profesiones en el país, gracias en gran medida por la postura y liderazgo del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Llama poderosamente la atención el involucramiento de profesionales de la medicina en acciones deshonestas y desfalcos de bienes públicos, lo que viene ocurriendo desde hace muchos años con la sustracción de equipos, instrumentales y herramientas en los hospitales estatales.

Clínicas y consultorios se han expandido y nutrido de esos equipos adquiridos por instituciones del Estado con aportes de los contribuyentes, por la complicidad y participación de administradores de centros médicos gubernamentales.  

La popular interpretación del laureado compositor y cantante Juan Luis Guerra de “El Niágara en Bicicleta” retrata ese cuadro social inmoral que lacera la sociedad dominicana.

Ahora presenciamos un robo de proporciones inimaginables en SeNasa, que, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), es descrito en 125 informes de auditorías y supervisión del gobierno, entre el 2020 y el 2025.

La denominada Operación Cobra incluyó de acuerdo con el levantamiento de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales entre otros aspectos, irregularidades de contratación y pagos fijos a prestadores de servicios de salud.

Los días festivos de Navidad y el acercamiento de un nuevo año propician un espacio para reflexionar sobre nuestro destino como sociedad.

Reflexión 

¿Hasta cuándo seguiremos contemplando en el país la sustracción de recursos públicos generados por los contribuyentes?

¿Por qué no se duplican los esfuerzos de fiscalización, supervisión y monitoreo de aquellos funcionarios que manejan en las instituciones recursos del Estado?     

De no adoptarse los correctivos de lugar se estaría socavando la institucionalidad y credibilidad de nuestra aún frágil democracia dominicana.

Artículo de Manuel Díaz Aponte 

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Manuel Diaz Aponte

Manuel Diaz Aponte

Periodista y profesor universitario. Es egresado de la Universidad Central del Este y de la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil, donde hizo maestría en comunicación científica y tecnológica así como estudios en relaciones internacionales. Egresado del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, en La Habana, Cuba. Finalizó estudios en diplomacia y relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fue reportero de El Nuevo Diario y de la televisora estatal hoy CERTV y desde el año 2000 labora en la Dirección General de Comunicación de la Presidencia de la República como periodista profesional habiendo ocupado diferentes funciones.

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