Desfalco en Senasa: juez conocerá medida de coerción; MP pide 18 meses de prisión

El Ministerio Público apunta a una red que habría cobrado servicios médicos inexistentes a pacientes fallecidos.

SANTO DOMINGO.-Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este jueves la crucial solicitud de medida de coerción contra los acusados de orquestar un esquema de sustracción millonaria de fondos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) de República Dominicana. 

Este caso, que sacude los cimientos del sistema sanitario dominicano, ha cobrado una nueva dimensión al extender su alcance a médicos y otros profesionales del sector, según precisó el Ministerio Público.

La semana judicial comienza con la solicitud de 18 meses de prisión preventiva para una lista de nueve imputados, entre los que destaca Santiago Hazim, exdirector de Senasa. Junto a él, enfrentan la solicitud de cárcel: Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El arsenal de cargos que enfrenta el grupo es extenso y grave: coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos y lavado de activos.

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El modus operandi de la estafa a la salud

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba de forma articulada para aprobar y ejecutar contratos a prestadores que, presuntamente, no cumplían con los requisitos legales ni técnicos mínimos. Sin embargo, las violaciones más impactantes se centran en el abuso directo de los servicios de salud destinados a la población.

El expediente detalla que los vinculados al esquema de corrupción habrían llegado al extremo de cobrar servicios de hemodiálisis a nombre de personas ya fallecidas. En el área cardiovascular, se reportaban intervenciones quirúrgicas complejas por lesiones inexistentes, que eran imposibles de verificar médicamente.

Peor aún, en los casos de pacientes oncológicos, el sistema se utilizaba para incrementar fraudulentamente la cantidad de sesiones de radioterapia y quimioterapia. 

Adicionalmente, se facturaban procedimientos invasivos como endoscopías y colonoscopias a usuarios que no tenían ninguna indicación médica para realizárselos.

Los fondos drenados mediante estas maniobras, asegura el Ministerio Público, fueron usados para adquirir bienes y conformar un patrimonio ilícito, el cual era puesto a nombre de terceros o "testaferros" con el objetivo de blindarse de la acción judicial.

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“No se ejecutaron solos”

El caso ha ganado el respaldo institucional, con el presidente Luis Abinader ordenando la semana pasada que el Senasa se constituya como actor civil para recuperar el dinero defraudado al Estado.

Este miércoles, la procuradora general de la República, Yeni Berenice, fue enfática al afirmar que es inaceptable que alguien "juegue con la salud de más de siete millones de personas vulnerables".

La funcionaria aseguró que la investigación no ha terminado. Las autoridades han ampliado el alcance del expediente para incluir centros de salud y especialistas que pudieron tener participación en las irregularidades, anticipando que habrá nuevos imputados, bajo la premisa de que "estos procedimientos no se ejecutaron solos". El mensaje es que la justicia se aplicará sin distinciones a medida que surjan más evidencias.