Operación Cobra sacude a SeNaSa y reabre debate anticorrupción

Jueza aplaza coerción mientras el Ministerio Público detalla un fraude millonario

Santo Domingo.- La audiencia para conocer las medidas de coerción contra el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y otros nueve imputados en la llamada Operación Cobra volvió a moverse en el calendario. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió este martes aplazar el proceso para el jueves 11 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, dejando en pausa uno de los expedientes más sensibles que ha enfrentado el sistema de salud público en los últimos años.

La cifra que presentó el Ministerio Público no pasó inadvertida: más de doce mil millones de pesos presuntamente desviados del Seguro Nacional de Salud. Según los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, lo descubierto no es un caso más, sino el más grave esquema de corrupción detectado hasta la fecha en la institución.

Ortiz, titular de la Pepca, no se guardó palabras al salir de la sala. Para ella, el expediente describe un atentado directo contra un derecho básico: el acceso a la salud. Recordó que SeNaSa es, para millones de dominicanos, la puerta de entrada al sistema, de modo que cualquier fraude dentro de la entidad golpea a los ciudadanos más vulnerables.

Un engranaje montado desde adentro

La acusación detalla la operación como un mecanismo sostenido en el tiempo. Los fiscales hablan de sobornos, adulteración de estados financieros y creación de programas que nunca existieron en la práctica, pero que sí movieron dinero público. También incluyen pagos por cirugías, quimioterapias y diálisis a pacientes que nunca recibieron esos servicios, algunos incluso fallecidos al momento del supuesto “procedimiento”.

El Ministerio Público sostiene que la red estaba compuesta por exfuncionarios y prestadores de servicios privados que operaban en conjunto. Entre los nombres citados figuran Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. El expediente también menciona el uso de testaferros y el presunto lavado de activos para adquirir propiedades, como un penthouse de más de 44 millones de pesos.

Detenciones y allanamientos

La Operación Cobra dejó, hasta el momento, diez personas bajo arresto. En los allanamientos participaron 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional. La redada abarcó 12 puntos, desde oficinas hasta residencias vinculadas a los imputados.

Entre los detenidos figura un acusado de servir como testaferro, Kelvin Bladimir Vásquez, y otras imputadas como Cinty Acosta y Heidi Mariela, señaladas por los fiscales como beneficiarias de fondos desviados mediante programas etiquetados como de “nutrición”.

El paso que falta

La Procuraduría solicita 18 meses de prisión preventiva para los principales implicados y que el caso sea declarado complejo. Busca, además, asegurar que los fondos sustraídos regresen al Estado.

En la antesala de la audiencia del jueves, el expediente ya genera tensión pública. Para muchos, lo que ocurra con la Operación Cobra marcará si el país avanza hacia una fiscalización más firme del dinero destinado a la salud o si, una vez más, todo se diluye en los pasillos de la justicia.