DGCP aclara qué ley rige contratos de SENASA con prestadores de salud

Contrataciones Públicas precisa límites de su competencia y reafirma diferencias entre la Ley 87-01 y la 340-06

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) salió este martes a aclarar un punto que desde hace años genera confusiones: los contratos que firma el Seguro Nacional de Salud (SENASA) con los Prestadores de Servicios de Salud no se manejan bajo la Ley 340-06, sino bajo el régimen propio del sistema de seguridad social.

Según explicó la entidad, esos acuerdos —tarifas, coberturas, estándares y todo lo que define la relación entre SENASA y clínicas, hospitales y centros médicos— están regulados de manera exclusiva por la Ley 87-01, que organiza el Sistema Dominicano de Seguridad Social. No son contratos de compras ni licitaciones, sino convenios definidos por un marco técnico y normativo diferente.

“Por esa razón, la DGCP no interviene en la definición de tarifas, ni en la selección de prestadores, ni en la revisión de acuerdos regulados por la Ley 87-01”, puntualizó el órgano rector, que buscó dejar claro hasta dónde llega su competencia para evitar interpretaciones erradas o expectativas fuera de lugar.

No obstante, la institución recordó que toda adquisición de bienes, servicios u obras necesarias para el funcionamiento administrativo de SENASA sí cae dentro de la Ley 340-06, y ahí Contrataciones Públicas actúa como corresponde: acompañamiento técnico, opiniones vinculantes y vigilancia del cumplimiento de los principios de transparencia y competencia.

Para ilustrar este punto, la DGCP recordó la Resolución RIC-0109-2025, emitida en agosto pasado, cuando anuló un proceso de contratación directa entre SENASA y la empresa Farmacard, S.R.L., al confirmar que el servicio pactado no tenía relación con la Ley de Seguridad Social y correspondía a una operación administrativa y tecnológica.

Al cerrar su comunicado, la DGCP reafirmó su compromiso de seguir acompañando a las instituciones en la aplicación correcta de la normativa y en la defensa del uso transparente de los recursos públicos, en un momento en el que la vigilancia ciudadana y la demanda de claridad son más altas que nunca.