DIGESETT desmiente: vehículo de diputada retenido por proceso legal

La Fiscalía de Tránsito tiene bajo custodia el automóvil tras accidente, no un "secuestro".

SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) salió al paso de una controversia pública generada por la denuncia de la diputada y periodista Socorro Monegro, quien había acusado a la entidad de haber "secuestrado" y, supuestamente, desaparecido su vehículo.

La institución de tránsito emitió una nota aclaratoria, desvinculándose de la acusación de retención indebida y explicó que el automóvil, un Hyundai blanco, año 2016, placa A932083, se encuentra efectivamente en uno de sus centros de retención, pero bajo la custodia de las autoridades judiciales.

El meollo del asunto radica en un proceso legal iniciado tras un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de la legisladora y, concretamente, un motociclista. 

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Según los protocolos establecidos por la ley, una vez que un vehículo está implicado en un siniestro con heridos o fatalidades, la responsabilidad de su retención y posterior disposición pasa inmediatamente a la jurisdicción del Ministerio Público.

El proceso legal y el resguardo institucional

La DIGESETT aclaró de forma concisa que su rol se limitó a la retención inicial del automóvil en la escena del accidente. Posteriormente, el caso fue transferido al Tribunal Especial de Tránsito. Es esta entidad, dependiente de la Fiscalía, la que asume la responsabilidad legal sobre el vehículo hasta la conclusión del proceso judicial.

Esto significa que, aunque el Hyundai esté físicamente guardado en una de las dependencias de la DIGESETT, la llave de su liberación la tiene la autoridad judicial, que determinará la entrega al propietario una vez finalizadas todas las etapas del proceso legal.

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La diputada Monegro había utilizado el término "secuestro" para referirse a la inmovilización de su automóvil, una palabra que la DIGESETT intenta disipar con esta aclaración técnica y jurídica. 

La institución reiteró su compromiso con la transparencia y con la correcta aplicación de los protocolos legales, buscando delimitar claramente su responsabilidad en el proceso.

Explica que el vehículo continuará resguardado hasta que el Ministerio Público ordene su devolución, confirmando que la retención no es una acción arbitraria de la Dirección de Tránsito, sino una medida procesal obligatoria tras un incidente con consecuencias personales.