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América Latina en alerta roja: 11 mujeres mueren por violencia de género cada día

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En los últimos cinco años la región latinoamericana y caribeña ha registrado más de 19 000 de estos crímenes que no solo acaban vidas sino que impactan negativamente en las comunidades y en el desarrollo. Imagen: Gobierno de Bogotá

La región registra 3,828 feminicidios el año pasado; en cinco años, la cifra asciende a más de 19 mil víctimas.

SANTO DOMINGO. La violencia feminicida sigue siendo una tragedia persistente y grave en América Latina y el Caribe. El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que al menos 3,828 mujeres fueron asesinadas el año pasado por razones de género en la región, una cifra que se traduce en un promedio de 11 muertes violentas cada día.

Los datos, divulgados por el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la CEPAL con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, son abrumadores. De ese total, 3,814 feminicidios ocurrieron en 17 países de América Latina, mientras que los 14 restantes se registraron en nueve territorios del Caribe. El balance acumulado de los últimos cinco años es escalofriante: al menos 19,254 feminicidios.

Una vulneración urgente de derechos humanos

“La violencia feminicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”, sentenció José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL.

El funcionario insistió en que prevenir y erradicar estos crímenes no es solo un asunto de seguridad pública, sino un “objetivo urgente” alineado con el Compromiso de Tlatelolco. En este acuerdo, los Estados de la región se comprometieron a impulsar leyes y políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia por razón de género, cuya manifestación más extrema es el feminicidio.

El reporte subraya una realidad dolorosa: la mayoría de estos asesinatos son perpetrados por las parejas o exparejas de las víctimas. Estos crímenes, además de truncar la vida de mujeres y niñas, “impactan a las comunidades y se limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”.

Tasas alarmantes y perfiles de las víctimas

Aunque la CEPAL advierte que las comparaciones interanuales son complejas debido a la variabilidad en los informes, el seguimiento muestra una persistencia clara de la violencia feminicida. De los 17 países latinoamericanos con información disponible, 12 registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100,000 mujeres.

Honduras encabeza la lista con la tasa más elevada: 4.3 casos por cada 100,000 mujeres. Le siguen Guatemala (1.9) y República Dominicana (1.5), con Puerto Rico, Cuba y Bolivia empatados en 1.4. Chile presentó la tasa más baja (0.4).

En cuanto al perfil de las víctimas (según datos de ocho países), la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29.2%), seguido de cerca por el de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años (28%). Alarmantemente, también se contabilizaron 78 casos de niñas menores de 14 años y 89 de mujeres mayores de 60.

Femicidios frustrados y amenazas digitales

La violencia letal se ve precedida por una escalada de agresión. El año pasado, 14 países registraron 5,502 femicidios frustrados, un dato que confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta y la valoración de riesgo para prevenir el desenlace fatal. Además, se contabilizaron 587 víctimas indirectas —hijos e hijas dependientes— que quedan desamparadas.

La CEPAL destaca que los avances normativos deben enfrentar ahora la violencia en el ámbito digital, que afecta especialmente a mujeres en cargos públicos, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas a través del ciberacoso y la divulgación no autorizada de contenido íntimo.

La región ha respondido legalmente: 20 países latinoamericanos han incorporado el delito de feminicidio en sus ordenamientos jurídicos, ya sea como delito penal específico o como circunstancia agravante del homicidio. La urgencia es ahora acelerar las transformaciones necesarias para que la ley se traduzca en protección real. Con datos de agencia IPS.

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