Multas y riesgo operativo: el costo de ignorar la facturación electrónica en RD

Empresas tardías enfrentan sanciones de la DGII y la posible suspensión inmediata del NCF, advierte Alanube

SANTO DOMINGO.- La fecha límite del 15 de noviembre, impuesta por la Ley 32-23 para la migración a la facturación electrónica, ya es cosa del pasado. Las medianas y grandes empresas que no cumplieron con este plazo se encuentran en una zona de alto riesgo tributario, expuestas a un escenario que incluye multas severas y una fiscalización intensiva por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Así lo indican expertos de Alanube, uno de los proveedores autorizados para la implementación de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), que advierten que la inacción ahora se traduce en incumplimiento formal, lo que activa de inmediato el mecanismo sancionador de la normativa.

Las consecuencias de la tardanza

Si bien no se espera un cierre fulminante de las operaciones, las empresas que sigan emitiendo comprobantes tradicionales enfrentarán una serie de castigos que golpearán directamente su operatividad y sus finanzas.

El abanico de sanciones, según el análisis de Alanube, es serio:

• Multas económicas que oscilan entre cinco y treinta salarios mínimos vigentes.
• Rechazo fiscal porque los comprobantes no electrónicos emitidos desde la fecha límite pierden validez a efectos de deducción fiscal, generando un problema contable mayúsculo.
• Riesgo operativo máximo por la posibilidad de la suspensión temporal del Número de Comprobante Fiscal (NCF). Esta medida es catalogada por los especialistas como uno de los mayores peligros, ya que inhabilita a la empresa para facturar legalmente, paralizando el negocio de facto.

El reloj corrió y la DGII actúa

Alberto Puente, especialista en cumplimiento digital de Alanube, fue enfático al describir la coyuntura. "El plazo ya venció. Toda empresa que no esté emitiendo e-CF hoy está en incumplimiento formal, lo que la expone a recursos de verificación y sanciones", afirmó.

Puente subrayó que este no es un ejercicio para generar alarma, sino un llamado a la realidad empresarial. "Ya no estamos hablando de una transición futura: el sistema está en vigor y la DGII puede requerir información o iniciar revisiones en cualquier momento", puntualizó.

El experto añadió que el principal obstáculo para la migración no ha sido tecnológico, sino la falta de orientación y una interpretación deficiente de los nuevos requisitos. Las organizaciones se retrasaron, en muchos casos, por "desconocimiento del proceso", algo que, con el acompañamiento adecuado, puede corregirse rápidamente.

La única opción es la regularización inmediata

La vía más segura para evitar la paralización operativa y las multas es la regularización inmediata. Para las empresas rezagadas, Alanube recomienda iniciar sin dilación el proceso de certificación ante la DGII, ajustar sus sistemas internos y asegurar la integración con un proveedor autorizado.

"Migrar ahora no solo es cumplir: es mejorar procesos internos, asegurar la validez fiscal de las operaciones y prepararse para un entorno tributario que, sin duda, seguirá avanzando hacia la digitalización total", concluyó Puente, señalando que la adopción del e-CF es un paso hacia la modernización financiera que ya no tiene vuelta atrás.