Acusan hombre y empresa por fraude millonario con falsas criptomonedas

Ofrecía 11% de ganancias mensuales usando contratos engañosos de 'Administración'

SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público ha dado un paso firme en la lucha contra el fraude financiero digital. La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros presentó la acusación formal contra un hombre y la empresa que supuestamente operaba, a quienes se les imputa un grave caso de abuso de confianza y estafa. Usaban como carnada falsas inversiones en el prometedor y volátil mundo de las criptomonedas, divisas y acciones.

Alexis Andrés Gómez Peña y la entidad QDR Capital S.R.L. han sido formalmente acusados ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. 

El esquema, ejecutado entre julio de 2022 y febrero de 2023, logró captar la asombrosa suma aproximada de veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$25,000,000). Cuatro personas resultaron directamente afectadas, sin contar el perjuicio ocasionado al Estado dominicano.

La promesa irresistible y el contrato tramposo

El mecanismo de Gómez Peña era, a ojos de sus víctimas, irresistible. Prometía rendimientos mensuales que oscilaban entre un generoso 10 y 11 por ciento, una tasa que disparaba las alarmas de cualquier experto, pero que resultaba tentadora para los inversionistas confiados.

Para blindar su operación, el acusado utilizaba contratos engañosos denominados "Administración de Cuenta". A través de esta figura legal, obtenía el control total sobre los fondos entregados, supuestamente para ser invertidos en la compra y venta de criptoactivos y divisas en los mercados de valores. Sin embargo, la realidad, según la acusación, es que el dinero era sistemáticamente desviado para su beneficio y uso personal.

La ruta del dinero ha sido rastreada por los investigadores. Los depósitos se canalizaban a través de cuentas personales de Gómez Peña, así como de las empresas QDR Capital S.R.L. y otra entidad identificada como Crytopay. 

La grave irregularidad que subraya el Ministerio Público es que ninguna de las citadas entidades poseía las autorizaciones regulatorias necesarias para manejar valores, operando fuera del marco legal que rige el mercado dominicano.

La acusación, liderada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, se sostiene sobre un robusto expediente que incluye pruebas documentales, testimoniales y periciales. Este conjunto probatorio ha sido recolectado respetando el debido proceso y, según el MP, vincula de manera directa y pormenorizada a los acusados con los hechos. 

Las conductas atribuidas conllevan violaciones tanto al Código Penal dominicano (artículo 408, abuso de confianza) como a la Ley del Mercado de Valores (249-17) y la Ley sobre Sociedades Comerciales (479-08). 

El caso marca un precedente importante sobre el uso de la figura de la inversión en tecnología para cometer estafas.