“Operación Lobo: cinco militares confiesan sobornos"

Fiscalía presenta pruebas irrefutables contra red de corrupción que involucra a altos mandos militares

Santo Domingo.- Cinco de los diez implicados en la Operación Lobo, una red de sobornos que sacudió instituciones estatales, admitieron su responsabilidad ante el tribunal. Wilson Camacho, procurador adjunto, no ocultó su satisfacción: "El 50% de los acusados confesó. Eso demuestra la solidez de nuestra investigación", declaró a la prensa este miércoles.

Las declaraciones de los arrepentidos no solo validan la teoría del Ministerio Público, sino que detallan el mecanismo de corrupción: militares y civiles recibieron pagos a cambio de favores ilegales. "Las transferencias salieron de la empresa de Quilvio Rodríguez directo a sus cuentas. Ellos mismos facilitaron los datos en reuniones clandestinas", reveló Camacho.

Pruebas que no dejan dudas

El expediente incluye documentos financieros, transferencias bancarias y testimonios que vinculan a los acusados con el desvío de fondos públicos.

"Cada peso está registrado. No hay lugar a interpretaciones", insistió el fiscal. Entre las instituciones afectadas figuran el Seguro Nacional de Salud (Senasa), las distribuidoras eléctricas y el Instituto de Primera Infancia (Inaipi).

Los colaboradores podrían recibir un trato diferenciado. "Quienes admiten los hechos dan un paso hacia la justicia. Eso debe contar", señaló Camacho. Sin embargo, para los que se resisten, la Fiscalía pide prisión preventiva.

Los nombres detrás del escándalo

En la lista de imputados destacan altos mandos retirados y en activo: el mayor general Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela y Luis Ernesto Vicioso Bocio, entre otros. También figuran el empresario Quilvio Rodríguez y el civil Bolívar Fernández.

Los cargos son graves: asociación ilícita, lavado de activos y violación a la Constitución. El juez Rigoberto Sena decidirá este jueves si acepta las medidas de coerción solicitadas. Mientras tanto, el país espera. Esta investigación podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. O, al menos, eso espera la Fiscalía.