Diputados exigen investigación urgente al sistema judicial de La Romana

Denuncian abusos judiciales, irregularidades y violaciones de derechos humanos

LA ROMANA, R.D. – Un grupo de diputados de esta provincia ha encendido las alarmas sobre lo que califican como graves irregularidades en el sistema de justicia local, solicitando una investigación profunda y urgente por parte del Congreso Nacional.

Los legisladores Carlos De Pérez, Jacqueline Fernández Brito, Eugenio Cedeño Areche y Wandy Modesto Bautista Gómez enviaron una comunicación oficial al presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Alfredo Pacheco, solicitando que las comisiones de Justicia, Ministerio Público y Derechos Humanos sean apoderadas para iniciar una revisión exhaustiva del funcionamiento del sistema judicial en La Romana.

Graves deficiencias operativas afectan acceso a justicia en la provincia

Entre los puntos denunciados, destaca el precario funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción, que solo opera en horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., lo que deja a la población sin asistencia judicial durante fines de semana y feriados, justo cuando muchos casos urgentes requieren atención.

Los legisladores también critican las deficiencias en la oficina de atención al usuario, donde la escasez de personal y espacio físico obliga a los ciudadanos a esperar hasta ocho horas para recibir servicios básicos, lo que agrava la percepción de abandono institucional entre los sectores más vulnerables.

Además, se señala la presunta violación del debido proceso en casos de encarcelamientos sin fundamentos jurídicos, denegación de justicia a personas de bajos ingresos y una falta generalizada de respuesta institucional ante denuncias de abuso.

Exigen esclarecer caso de fiscal que no fue trasladada

Uno de los temas más delicados planteados en la solicitud es la permanencia irregular en el cargo de la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez, quien —según los diputados— debió haber sido trasladada y ascendida a San Pedro de Macorís por una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público en febrero de 2020.

Los legisladores aseguran que mantener a la magistrada en funciones en La Romana contraviene el artículo 98 del Reglamento de Carrera del Ministerio Público y los artículos 36 y 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11).

Frente a este panorama, exigen que se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes y se adopten medidas concretas para restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

“Estamos comprometidos con la legalidad, la equidad y los derechos fundamentales de nuestra gente”, manifestaron los congresistas, quienes esperan una respuesta inmediata del Congreso Nacional para que se garantice un sistema judicial justo, accesible y transparente en La Romana.