Empresario dominicano arrestado por abuso sexual a hija adolescente

Winston Rizik Rodríguez enfrenta arresto domiciliario por complicaciones de salud

SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público de República Dominicana presentó las pruebas contundentes que llevaron a un tribunal a ordenar el arresto domiciliario del empresario Winston Rizik Rodríguez, acusado de abuso sexual continuado en perjuicio de su hija adolescente. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la medida cautelar debido a las complicaciones de salud del imputado, pese a que la fiscalía solicitó prisión preventiva.

Los hechos: abuso sistemático desde 2024

Según la investigación dirigida por el fiscal Cesarino Minyety, los abusos comenzaron en octubre de 2024. Las pruebas recopiladas –incluyendo testimonios y evidencias forenses– revelaron un patrón de violencia sexual contra la menor, quien habría sido víctima de su propio padre.

El Ministerio Público sustentó su acusación bajo los artículos 332-1 del Código Penal Dominicano (violencia sexual) y 396 de la Ley 136-03 (protección a menores). Sin embargo, la jueza Lissa Veras determinó que Rizik Rodríguez cumpliera su arresto en casa, citando razones médicas no especificadas públicamente.

Reacciones y contexto legal

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan que un delito de esta magnitud no derive en prisión preventiva. Expertos legales explican que, aunque el arresto domiciliario es una medida excepcional, su aplicación depende de evaluaciones médicas y riesgo de fuga.

Organizaciones de derechos infantiles, como Save the Children RD, han exigido transparencia en el proceso: "La protección de la víctima debe ser prioritaria. Las medidas cautelares no pueden minimizar la gravedad del delito", declararon.

¿Qué sigue en el caso?

El fiscal Minyety aseguró que continuará recabando pruebas para el juicio. Mientras, Rizik Rodríguez permanecerá vigilado bajo arresto domiciliario, con prohibición de contacto con la víctima.

Este caso reabre el debate sobre la impunidad en delitos sexuales en el país, donde, según el Procurador General, solo el 30% de las denuncias por abuso infantil llegan a sentencia.